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El acuerdo nacional de blindaje para el proceso electoral 2015, entre el gobierno federal y los partidos políticos, perfila entre sus cláusulas la aplicación de pruebas de control de confianza, además del apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con la intención de verificar y darle certeza a la contienda.
Staff
octubre 20, 2014, 7:27 am

cisen-int

El acuerdo nacional de blindaje para el proceso electoral 2015, entre el gobierno federal y los partidos políticos, perfila entre sus cláusulas la aplicación de pruebas de control de confianza, además del apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con la intención de verificar y darle certeza a la contienda.

De acuerdo con dirigentes partidistas que conocen el avance de los acuerdos, los partidos políticos se harán responsables de sus candidatos.

Así, los aspirantes a las nueve gubernaturas en disputa el próximo año (entre las que se encuentra Guerrero, Michoacán y Tamaulipas), la Cámara de Diputados federal, 17 congresos estatales y más de mil cargos locales entre alcaldías y jefaturas delegacionales del Distrito Federal, se verán obligados a colaborar con el gobierno para certificar la inexistencia de nexos con la delincuencia organizada.

Una vez aceptado el compromiso del gobierno federal en voz del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para poner a disposición de los partidos los instrumentos necesarios que den certidumbre a la selección de candidatos a puestos de elección popular, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, dijo que en un corto plazo los partidos políticos firmarán el acuerdo nacional de blindaje para el proceso electoral de 2015.

“En los siguientes días habremos de conformar un documento los tres partidos que nos hemos reunido, para presentar un planteamiento construido mancomunadamente, presentárselo a la Secretaría de Gobernación; cada uno de los partidos convenimos en hacer una aportación, hacer un concentrado, encontrar los planteamientos en común y formularlos, es un asunto de pocos días”, señaló.

En entrevista, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, asentó que todas las partes están comprometidas en blindar el proceso electoral frente a cualquier intervención de la delincuencia organizada.

“Absolutamente de acuerdo. Coincidimos. Estamos comprometidos todas las partes. Es conveniente que el Estado mexicano ponga a nuestra disposición los instrumentos con los que cuenta para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones”, dijo.

Así, ambos presidentes coincidieron en que los partidos políticos serán los responsables de los candidatos selectos; “los partidos, por supuesto, nos haremos cargo de los candidatos que postulemos”, indicó Anaya Cortés.

De acuerdo con el priísta Camacho Quiroz, cada partido político tendrá su responsabilidad.

“Al final, lo que nos queda claro es que la responsabilidad de postular o no candidatos corresponderá a cada dirigencia”, agregó.

Los instrumentos que utilizará el Ejecutivo irán más allá de la declaración patrimonial y de antecedentes penales, debido a que ninguno de los dos documentos garantiza un posible vínculo o acercamiento con el crimen organizado por parte de los abanderados.

En este sentido, y al tratarse de información —de uso delicado— el presidente nacional tricolor comentó que sin adelantar “vísperas”, el Ejecutivo federal sabrá y responderá sobre cuáles son los instrumentos adecuados que investigarán a los candidatos, en el marco de la propia ley.

El acuerdo de blindaje surge después de comprobarse que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, postulado por el PRD, tenía una relación cercana con el cártel de los Beltrán Leyva, tal como lo informó EL UNIVERSAL, el pasado martes 7 de octubre, al destacar que los hermanos y la madre de su pareja sentimental, María de los Ángeles Pineda Villa, eran miembros de este grupo criminal.

Al respecto, en lo que va de este año, el gobierno federal ha detenido a diversos políticos ligados a la delincuencia organizada.

Destaca el caso de Rodrigo Vallejo Medina, hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, quien aparece en un video dialogando con Servando Gómez, alías “La Tuta”, y que por negarse a proporcionar información sobre su localización se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de encubrimiento.

Otros de los políticos vinculados a “Los Caballeros Templarios” son el ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Rodríguez Reyna, y el ex diputado del PRI, José Trinidad Martínez Pasalagua, ambos recluidos por delincuencia organizada y delitos contra la salud, aunque al también ex alcalde de Apatzingán se le dictó auto de formal prisión por extorsión.

El ex munícipe de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera, cobraba cuotas a empresarios michoacanos para entregarlas a “La Tuta”, por lo que fue acusado de extorsión y privación ilegal de la libertad; Jesús Cruz Valencia, ex presidente municipal de Aguililla, está detenido y acusado por el delito de delincuencia organizada.

// El Universal
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