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Al asegurar que en el establecimiento se documentaron una serie de anomalías el gobierno del estado descartó ayer que el cierre de una sucursal de El Pollo Loco, propiedad del diputado Marco González, sea una represalia del gobernador Jaime Rodríguez Calderón contra el tricolor.
Staff
enero 22, 2016, 6:13 am

Al asegurar que en el establecimiento se documentaron una serie de anomalías el gobierno del estado descartó ayer que el cierre de una sucursal de El Pollo Loco, propiedad del diputado Marco González, sea una represalia del gobernador Jaime Rodríguez Calderón contra el tricolor.

Luego que el legislador denunciara una presunta venganza del Bronco por no coincidir respecto a la Ley de Participación Ciudadana y demás aspectos de su administración, la Secretaría de Salud en el estado aclaró las condiciones en las que operaba el restaurante.

Mismas ante las que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local prácticamente pidió el “favor” de que no se aplicara una suspensión.

“Aclaramos (que) el único objetivo de las verificaciones hechas por la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario es el de evitar riesgos sanitarios que pongan en peligro la salud de los nuevoleoneses”, se informó mediante un comunicado de prensa.

En el documento se establece que la suspensión de la sucursal ubicada sobre la avenida Benito Juárez número 1210, en el municipio de Guadalupe, se dio dado el mal manejo en la manipulación de los alimentos.

Ello toda vez que los pollos crudos estaban a una temperatura de 10 grados centígrados y llevaban más de media hora así, lo cual rompe con la cadena de frío y provoca la descomposición del producto.

A lo cual se suma el hecho que se encontraron amontonados junto a una pared sucia, mientras que algunos de ellos presentaban signos de putrefacción.

Cabe destacar que esta sucursal no es la única que ha presentado problemas pues el pasado 17 de diciembre fue suspendida la unidad ubicada en la avenida Juárez 701, al centro de Monterrey, luego de encontrarse cucarachos de diferentes tamaños en las áreas de elaboración del producto.

El carecer de monitoreo de temperaturas de los cuartos de refrigeración y congelación, así como deficiencias de limpieza e higiene, son una constante.

En las sucursales ubicadas en avenida Madero 1536 oriente, en el municipio de Monterrey, y en la avenida Miguel Alemán número 4401, en el municipio de Guadalupe, también se presentaron riesgos a la salud de los consumidores.

“Como se puede comprobar, la sucursal mencionada por el diputado Marco González no ha sido la única como él menciona, ya otras habían puesto en peligro la salud de los nuevoleoneses”, agrega el escrito.

Cabe destacar que González se comunicó personalmente con Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en el estado, quien se negó a dejar pasar por alto la situación.

DENUNCIA CONGRESO REVANCHISMO POLÍTICO

El Congreso del estado condenó las acciones de gobierno de Nuevo León al clausurar establecimientos de comidas propiedad del coordinador de la bancada del PRI, Marco Antonio González Valdez, el pasado 19 de enero.

Mediante un comunicado el Poder Legislativo calificó esta acción como un revanchismo político por parte del Poder Ejecutivo, luego de que el legislador priista criticara las acciones de la administración estatal.

“El Congreso de Nuevo León condena de manera enérgica cualquier acto de negligencia y abuso de cualquier autoridad, en contra de cualquier persona, sea del ámbito privado o público.

“Es por esta razón que hacemos un extrañamiento al Poder Ejecutivo ante los eventos de actos de autoridad en contra de uno de los integrantes de esta Legislatura, el diputado Marco Antonio González Valdez, justo después de establecer una postura política respecto de acciones de Gobierno, lo que corre el riesgo de traducirse como revanchismo político.

“Esta legislatura exhorta al Poder Ejecutivo aceptar las críticas que hace la ciudadanía en general, así como las de este Poder Legislativo, respecto de las decisiones y posicionamientos del gobierno del estado, y no utilizar el aparato gubernamental para causar daño moral o económico a las personas que vierten opiniones en contra.”

// El Porvenir
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