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Una denuncia anónima puso al descubierto una red de complicidades en la compra-venta de al menos nueve menores en el Sistema DIF estatal, entre funcionarios, médicos del Hospital Integral de la Mujer en el Estado de Sonora (HIMES) y parejas con deseo de adoptar un menor.
Staff
agosto 28, 2015, 8:01 am

DIF

Una denuncia anónima puso al descubierto una red de complicidades en la compra-venta de al menos nueve menores en el Sistema DIF estatal, entre funcionarios, médicos del Hospital Integral de la Mujer en el Estado de Sonora (HIMES) y parejas con deseo de adoptar un menor.

El procurador del estado, Carlos Navarro Sugich, informó que desde el pasado 18 de marzo se inició una investigación, luego de que la Policía Estatal Investigadora (PEI) recibió una denuncia anónima en la que se acusó a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, subprocurador de la Defensa del Menor y de la Familia, y coordinador de la Línea Protege —destinada a recibir denuncias de maltrato infantil—, de tener retenido de manera ilegal a un bebé.

Derivado de dicha indagatoria, se identificaron a nueve menores —seis niños y dos niñas— que fueron registrados de manera irregular, cuyos padres adoptivos pagaron montos que oscilan entre los 80 mil y los 150 mil pesos, así como otros 15 mil pesos por el aviso de nacimiento, si los interesados eran mexicanos, y hasta 20 mil dólares si eran extranjeros.

Al respecto, se giraron dos órdenes de aprehensión en contra de Arzate, como probable responsable de la comisión de los delitos de incumplimiento de un deber legal, cuya penalidad va de uno a ocho años de prisión e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar un cargo público.

También por suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, cuya pena es de seis meses a seis años de cárcel, así como por sustracción y tráfico de menores e incapaces, cuya pena es de 15 a 40 años de prisión.

Además, se giró orden de aprehensión en contra de José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera Regional de Sonora, como probable responsable de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, así como por sustracción y tráfico de menores.

La Procuraduría solicitó también orden de aprehensión en contra de otras 14 personas —entre las que se encuentran algunos padres sustitutos—, como probables responsables de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante.

-Modus operandi.

Como parte de la investigación, se logró establecer que Vladimir Arzate obvió el procedimiento legal y demás trámites para realizar la entrega de los menores.

Para tal efecto se aprovechó del procedimiento legal para la entrega-recepción de infantes y en lugar de ponerlos a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor o de internarlos en el DIF, los entregaba ilegalmente a parejas que deseaban adoptar y que se hacían pasar por sus padres biológicos.

Para los trámites utilizó documentación oficial, que firmaba Vladimir en ausencia del procurador de la Defensa del Menor y la Familia.

José Manuel Hernández y Vladimir Arzate contactaron a un médico, quien a cambio de dinero les proporcionaba el aviso de nacimiento con el nombre de la madre, listo para que se plasmara su firma y la huella de la planta del pie del bebé respectivo. Luego, llevaban a los menores al Registro Civil y obtenían un acta de nacimiento como si fuera un hijo biológico y por lo tanto legítimo.

José Manuel visitaba o llamaba telefónicamente a parejas que querían adoptar y les ofrecía un “trámite exprés” a cambio de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, desde 2012 los implicados habían establecido esta red ilícita.

El procurador del estado señaló que la causa penal se mantiene abierta para continuar con la investigación.

Luis Antonio González Ramos, director del HIMES, defendió la integridad y la ética del personal a su cargo, y aseguró que es imposible que se den esos sucesos en el hospital. Aunque dijo estar abierta a cualquier investigación que realice la Procuraduría.

El director del Registro Civil del estado, Raúl González de la Vega, comentó que está colaborando en plena secrecía con lo que le requiere la Procuraduría, ya que a esta dependencia, las personas que registraron niños ya llegaron con sus documentos en orden.

Sobre si esta situación tendrá un impacto político por ser la primera dama, Iveth Dagnino de Padrés, quien está al frente del DIF Sonora, dijo que “el altruismo de las primeras damas no tiene que ver con la actuación de los malos servidores públicos”.

“Devuélvanme a mi bebé”

Doblemente víctima, Silvia Campos Nazario, una jornalera agrícola de 21 años de edad, expulsada por la miseria de su natal Izúcar de Matamoros, Puebla, encontró su peor infierno en Empalme, donde la Subprocuraduría de la Defensa del Menor del DIF Sonora, le quitó a su bebé de cinco meses en este municipio y se lo entregó a una pareja.

A mediados de junio llegó al ejido Santa María “La Atravesada” para la cosecha de uva con sus dos hijos: una niña de nombre Dayana, de dos años de edad, y su bebé Ángel Jesús, de cuatro meses. Relató que apenas empezó a trabajar en el campo 11, cuando su hijo se le deshidrató por las condiciones del viaje y el calor.

En esas fechas el termómetro superó los 40 grados centígrados con sensaciones térmicas de hasta 48 grados.

Silvia llevó a su hijo a los Servicios Médicos del Estado de Sonora (Semeson) de Guaymas, donde estuvo internado semana y media.

La joven poblana se vio en la encrucijada de trabajar para darle de comer a su otra hija —a quien no le permitían tener en el interior del nosocomio— o quedarse en forma permanente cuidando a su bebé.

Por necesidad tuvo que trasladarse a la zona rural a cortar uvas y cubrir jornadas intensas de sol a sol, sin oportunidad de ir una semana al hospital.

Cuando regresó para ver a su hijo, ya no estaba, ya que la Subprocuraduría de la Defensa del Menor del DIF Sonora, con sede en Empalme, se lo había entregado en resguardo a una pareja. Han pasado casi dos meses y Silvia no desfallece de su lucha por recuperar a su hijo, producto de una breve relación “tormentosa”, en la cual, su ex pareja la golpeaba aun estando embarazada.

A pesar de que el pequeño estaba internado en un hospital del municipio de Guaymas, la responsable del DIF de Empalme, María del Rosario León Bobadilla, se hizo cargo del menor.

“La licenciada lo dio en adopción y lo sacó del hospital sin mi consentimiento, a mí no me entregaron ni siquiera un papel que diga que mi hijo estuvo internado ahí. He pedido que me lo regrese y me dijo que ya se lo dio a una pareja que sí lo va a cuidar, ya que yo no tengo dinero; además me amenazó de que si digo algo me va a quitar a mi hija también”, relató la joven jornalera.

Silvia tiene la apariencia física de una menor de 14 años; su carácter es fuerte y se puso de manifiesto cuando discutió con el personal del hospital para reclamar a su bebé.

“Luego dijeron que yo era una borracha y una drogadicta. Al principio era el pretexto para no entregármelo, luego me acusaron de haberlo abandonado, cuando yo sólo me fui a trabajar. Yo no sé hasta dónde voy a llegar, pero quiero a mi hijo”, expresó angustiada, aunque con la esperanza de que conseguirá que se lo regresen.

// El Universal
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