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La pureza democrática del proceso de revocación de mandato nunca está plenamente garantizado. Por eso, tampoco son unánimes las adhesiones que recibe este instrumento legal por parte de los constitucionalistas expertos. Entre ellos hay quienes se oponen rotundamente a aprobarlo en el legislativo.
Eloy Garza
enero 20, 2016, 6:13 am

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El veto del gobernador Jaime Rodríguez a Ley de Participación Ciudadana tiene varias aristas a considerar. Lo normal, contra la opinión de Jaime, es que sean los propios legisladores quienes controlen este tipo de procesos. Constituir un organismo autónomo para que lo maneje sería oneroso y complejo.

Pero también es cierto que los diputados locales están sometidos a la maraña de intereses creados que, por ejemplo, han evitado proceder legalmente en contra del ex mandatario estatal, Rodrigo Medina. No sé si el Congreso del Estado sea confiable, pero sí sé que las bancadas mayoritarias levantan muchas sospechas bien fundadas.

La revocación de mandato, un instrumento de la democracia directa donde la soberanía popular da por terminado el mandato de un gobernador o un alcalde, no es un tema fácil. Creer que es una ventaja poder quitar al gobernante a la mitad de su mandato constitucional o legitimarlo mejor, tiene sus atractivos evidentes: no necesitamos esperar a las próximas elecciones para destituir al mal gestor o darle más respaldo popular.

Pero también está latente que el proceso para ratificar o revocar a un gobernante sea controlado por uno o varios grupos de interés, los llamados fácticos, y así controlar la voluntad del gobernante o sustituirlo por otro político más afín a ellos. Este caso ocurre en democracias muy defectuosas como la mexicana.

La pureza democrática del proceso de revocación de mandato nunca está plenamente garantizado. Por eso, tampoco son unánimes las adhesiones que recibe este instrumento legal por parte de los constitucionalistas expertos. Entre ellos hay quienes se oponen rotundamente a aprobarlo en el legislativo.

La moción de censura, en cambio, que solo existe en los regímenes parlamentarios y forma parte de la democracia indirecta, es más balanceada. A grandes rasgos, si el grupo opositor propone destituir al Presidente de Gobierno o Primer Ministro, las elección se adelantan y al final del proceso, la oposición incurre en la posibilidad de perder escaños. De ahí que quien promueve la moción de censura tiene que ser cauteloso: puede perder más que ganar.

Sin embargo, los mexicanos y por ende los nuevoleoneses nos regimos por un régimen presidencialista, que tiene más contras que pros. Y es que aún pesa en nosotros la figura de gran tlatoani, cuya reputación pasa rápidamente por altibajos de veneración a la más enconada burla y al más vil escarnio.

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