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El endeudamiento del estado de Coahuila durante el ejercicio de Moreira como gobernador no solamente se disparó brutalmente a cifras supermillonarias...
FELIX CORTES CAMARILLO
enero 25, 2016, 8:30 am

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Si el gordo Agustín Barrios Gómez no se nos hubiera adelantado en el camino, cierto estoy de que, al enterarse del escándalo por la detención, en Madrid-Barajas, del exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI, acusado de haber depositado en cuentas bancarias el equivalente a 200 mil euros, su comentario hubiera sido —como acostumbraba en estos casos— “son cifras de sirvientas”.

Todo aquel que conozca los costes de vivir en Europa —pregúntenle a Marcelo Ebrard— sabe que para los tres años que Moreira ha estado con su familia viviendo en Barcelona, que no es plaza barata ciertamente, el equivalente a diez mil dólares mensuales  permite acaso pagar con apuros la renta, la bencina, el supermercado, las escuelas, los restoranes y —eventualmente— los viajes, al cabo de uno de los cuales el señor Moreira fue apañado. Hacer un doctorado también cuesta. Le renta de la casa es de tres mil 500 euros al mes. Las clases de sevillanas —el baile español, más de Andalucía que de la ciudad condal— le costaban el equivalente a unos ciento ochenta pesos al mes. El sindicato de trabajadores de la educación le mantiene, supuestamente hasta hoy, su sueldo de maestro comisionado. En este caso, becado.

Creo que hay pocos que se ofrezcan a meter la mano al fuego por el profesor Moreira. El endeudamiento del estado de Coahuila durante su ejercicio como gobernador no solamente se disparó brutalmente a cifras supermillonarias sino que fue, aparentemente, sustentado por documentación falsa para obtener la aprobación del gobierno central, cuyo titular, Felipe Calderón, aparentemente no tuvo entre sus favoritos a Humberto Moreira.

Quien sí lo tenía en sus afectos era la hoy presa maestra Elba Esther Gordillo. Dicen los que dicen que saben que fue ella la que inoculó en su pupilo la idea malsana de que podría ser el candidato del PRI a la Presidencia, opuesto al licenciado Peña Nieto. Por ahí andaría la hebra de la madeja que acabó con la maestra Gordillo en la cárcel de Tepepan y el profesor Moreira en Barcelona. Pero Moreira fue el jefe del PRI durante la campaña del hoy Presidente y —dicen los que dicen que saben— especuló en la intimidad con sus posibilidades como candidato sustituto.

Sea lo que sea, el caso Moreira vuelve a dejar mal parado al sistema de administración de justicia del Estado mexicano. Bastó una solicitud de un juez de Texas para que el aparato de la Guardia Civil española detuviera al mexicano en el momento de desembarcar de un avión. Si todos sabían que don Rolando González, empresario coahuilense, estaba hasta las manitas en los malos manejos del gobernador, al grado de que la justicia de Texas logró que entrara en uno de esos cómodos amasiatos de autoridad y delincuencia para dar información en contra del profesor Moreira, ¿a qué se debió que la PGR lo absolviera en noviembre de 2012 de toda sospecha?

Los principios jurídicos establecen que nadie puede ser considerado culpable hasta que no se le demuestre. Hasta este momento, Moreira y sus abogados han documentado que dos de sus legítimas empresas de publicitarios le enviaron por los caminos que todo el mundo con dinero usa para hacer transferencias de fondos, el dinero que usó para sus gastos y que no tiene nada que ver con la delincuencia, organizada o no.

Por lo pronto, la PGR tiene mucha tarea que hacer. La captura de tres malosos directamente participantes en el secuestro y asesinato de Ayotzinapa, rápidamente atribuida al comisionado nacional de Seguridad, hijo de don Renato Sales Gasque, siguiendo sus huellas curriculares, hace ver a la Procuraduría General de la República —desde Murillo Karam hasta el día de hoy— en un mal papel. La priesa expresada por el propio Presidente en deshacerse de la papa caliente que es El Chapo Guzmán en un penal de máxima seguridad que depende de los ladridos de un perro no habla muy bien del sistema.

Y, para el caso, ahí están los cinco jóvenes veracruzanos desaparecidos a manos, aparentemente, de policías locales.

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