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Genera interrogantes el por qué la justicia española filtra a El País los nombre de representantes de la clase política mexicana en el poder, como Adrián de la Garza, como cercano a los Zetas. ¿Qué mensaje quieren enviar el Palacio de la Moncloa a las autoridades mexicanas?
Manuel Yarto
octubre 26, 2016, 6:18 am

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Desde hace tiempo está más que aceptado por la sociedad mexicana el incestuoso romance que sostiene el poder político con la delincuencia organizada.

Si bien la criminalidad mexicana es hija natural del priismo de los sesentas, la actual relación tuvo sus primeros escarceos en el sexenio de De la Madrid, pasa del coqueteo a la formalidad con Salinas de Gortari y se institucionaliza con sus momentos gloriosos con Zedillo. Con Fox y Calderón surgen diferencias de pareja, y en esa seguimos.

Uno de los ejemplos más escandalosos de este pecaminoso pero enriquecedor amor es el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, encargado del combate al narcotráfico en el país en los 90, y que por muchos años protegió al jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, conocido como El Señor de los Cielos. La detención del alto jerarca militar en 1996 dejó al descubierto la penetración del narco en las más podridas jerarquías de poder en México.

De ahí para el real la lista de descobijados es larga. Hoy los reflectores se centran en un personaje regiomontano. Me refiero al actual presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, quien en el enlodado sexenio de Rodrigo Medina –de triste memoria– fue procurador de Justicia.

Según las agencias de inteligencia española encargada de vigilar a los narcos mexicanos que operan en la Madre Patria, De la Garza tiene vínculos cercanos con Juan Manuel Muñoz, alias el Mono, el principal operador financiero de los Zetas allá y que según algunas notas de prensa lo hacen propietario de decenas de gasolineras, casinos, hoteles y otros negocios en Coahuila que cumplen el perfil para ser una eficiencia herramienta para el lavado de dinero.

Muñoz está detenido desde el pasado 18 de marzo en Madrid. Su arresto sirvió en su momento para detener también en España, al menos por unos días, al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, señalado por muchas fuentes policiales como protector de los Zetas.

Para los desmemoriados, los Zetas es uno de los grupos más sanguinarios del narco, que tan solo en el norte del país ha cometido dos de las peores matanzas en la historia moderna del país: la de San Fernando, Tamaulipas (200 muertos) y la de Allende, Coahuila (300 muertos). Los Zetas también son autores de la masacre en el Casino Royale en Monterrey (52 muertos).

Señala con puntos y comas el periódico español El País la proximidad de Muñoz Luévano con Adrián de la Garza, así como otras altas autoridades del sistema de impartición de justicia de México, como el procurador de Justicia de Coahuila y con el antecesor de éste.

"En relación con la administración de justicia se pone de manifiesto la relación de éste (Muñoz) con Procuradores y ex Procuradores, como Homero Ramos, Adrián de la Garza o (Humberto) Torres Charles (ex Procurador de Coahuila)".

Para ello los españoles tienen grabaciones telefónicas que demuestran esta cercanía. Por cierto, la justicia estadounidense también tiene en la mira a Muñoz.

Genera interrogantes el por qué la justicia española filtra a El País los nombre de representantes de la clase política mexicana en el poder, como Adrián de la Garza, como cercano a los Zetas. ¿Qué mensaje quieren enviar el Palacio de la Moncloa a las autoridades mexicanas?

Existen distintas tesis, pero una muy viable es: el gobierno español intenta presionar al gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto para lograr su colaboración en la lucha contra la penetración de los Zetas en España.

Recordemos que la detención y posterior liberación de Moreira fue un fracaso colaborativo en la lucha contra el narco. El gobierno de Peña Nieto movió cielo y tierra para exonerar al ex gobernador coahuilense de cualquier investigación que ponga en duda su dudosa honorabilidad.

Artículos de prensa procedentes de medios serios estadounidenses apuntan a que Moreira ha sido uno de los principales encargado de los trabajos sucios para Peña: los agobiantes créditos bancarios que sufre Coahuila, según esas versiones, sirvieron para pagar la dispendiosa campaña electoral del hoy presidente mexicano. Por eso y muchas cosas más, Peña está obligado a proteger a Moreira.

No es descabellado pensar que España busca presionar a Peña para que colabore a cambio de ya no seguir descobijando a una clase política mexicana que tiene mucha cola que le pisen.

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