La Carpeta:
1 de 10
 
Cuando José Pérez regresó a su casa la tarde del 26 de julio de 2012, seis policías irrumpieron en su domicilio gritando “¿Dónde están los mojados?”.
Staff
octubre 7, 2014, 7:51 pm

reformamigratoriaint

Cuando José Pérez regresó a su casa la tarde del 26 de julio de 2012, seis policías irrumpieron en su domicilio gritando “¿Dónde están los mojados?”.

Los oficiales, miembros de la Unidad Panamá, un grupo creado para combatir al narcotráfico en el condado de Hidalgo, en el sur de Texas, comenzaron a inspeccionar la casa en busca de los supuestos migrantes. Al no encontrar ninguno, empezaron a vociferar desesperados: “¿Dónde está el dinero?”. En el registro se llevaron cuatro mil dólares, así como las joyas y perfumes de la esposa de Pérez.

Pero no les pareció suficiente. Los agentes se enojaron de nuevo: “¿Dónde está la droga?”. Según el relato de Pérez, después de otra infructuosa búsqueda, lo amenazaron: “Llama a alguien que venda droga. Si no te vamos a llevar a algún sitio, ya sabes a qué me refiero”.

Pérez llamó a un contacto. “Esto es la frontera, aquí todo el mundo conoce a alguien que vende”, dice en el jardín de su casa en Pharr, una pequeña ciudad de 70 mil habitantes, muy cerca de McAllen. Unos minutos después de la llamada, el vendedor estacionó su coche frente a una tienda. Apenas abrió la cajuela, los policías lo arrestaron: cargaba dos kilos de cocaína y 50 mil dólares. Según la denuncia que Pérez interpuso ante la Corte Federal, la Unidad Panamá sólo declaró que se habían decomisado unas cuantas grapas.

La denuncia civil de Pérez fue desestimada, pero supuso el inicio de la caída de la unidad antinarcotráfico. En diciembre de 2012, el FBI arrestó a la mayor parte de sus miembros y en abril de este año fueron condenados nueve agentes por conspiración para el narcotráfico, además de tres traficantes que trabajaban con los policías. La sentencia dice que la Unidad Panamá se dedicaba a robar droga en las casas de acopio situadas en la frontera, que trabaja al servicio de grupos de traficantes y que custodiaba cargamentos que viajaban en tráileres hacia el norte. En una ocasión, los informantes del FBI siguieron a Jonathan Treviño, el líder de la unidad, mientras daban protección a un tráiler que se suponía llevaba siete kilos de cocaína. Les pagaron seis mil dólares por escoltar al camión.

Pero el caso de la Unidad Panamá no es aislado. Una investigación realizada por EL UNIVERSAL muestra que una gran cantidad de oficiales de la ley, entre “sheriffes”, patrulleros fronterizos y agentes de aduanas que trabajan en el sur de Texas, han sido sobornados por el crimen organizado. Según las autoridades y estadísticas locales, en la frontera de Estados Unidos circula la droga de siete cárteles, con especial incidencia del Golfo, de Sinaloa y Los Zetas.

El mano del Golfo

La Unidad Panamá trabajaba especialmente para Tomás “El Gallo” González, un hombre que llevaba una doble vida como dueño de una empresa de transportes y como uno de los grandes capos de la zona, con vínculos con el Cártel del Golfo. González también fue detenido y condenado. Habían realizado muchos viajes cargando desde 360 hasta tres mil kilos de mariguana y varios cientos de kilos de cocaína. “El Gallo” tenía su propio narcocorrido: “Es un hombre de verdad con la sangre de un buen gallo. Su gente le admira y respeta. No le gusta la violencia; prefiere usar la cabeza, pero si lo necesita, puede usar su ametralladora”. El cantante era “Chuy” Quintanilla. Fue asesinado.

Un informe del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, dado a conocer a mediados de este año, señala que unos dos mil policías, agentes y funcionarios son investigados por su relación con el crimen organizado. Dicho organismo sigue la pista a aquellos trabajadores públicos que han recibido sobornos para proteger criminales, facilitar cruces de droga, escoltar cargamentos y traficar droga de los cárteles mexicanos.

El último informe de la Oficina de Auditoría Gubernamental (GAO) indica que 144 agentes de la Patrulla Fronteriza fueron arrestados entre 2005 y 2012 por corrupción, en muchas ocasiones relacionada con drogas. 48 de ellos trabajaban en Texas. “El sur de Texas, especialmente el Valle del Río Grande, es la parte más corrupta de la frontera”, dice Guadalupe Correa, profesora la Universidad de Texas en Brownsville.

Los escándalos de corrupción se han repetido en la mayoría de los 14 condados fronterizos que hay desde Brownsville hasta El Paso. Agentes fronterizos, policías locales así como jueces y políticos han llegado a aceptar dinero del narcotráfico. En Cameron, el ex sheriff Conrado Cantú cumple una condena de 24 años por liderar una banda dedicada al narcotráfico, “lavado” de dinero y extorsión. En Starr, el ex sheriff Reymundo Rey facilitaba la entrada de droga proveniente de Tamaulipas y tenía nexos con el capo José Carlos Hinojosa y sus socios del Cártel del Golfo. Anteriormente, Eugenio Gene Falcon Jr. fue encarcelado por aceptar sobornos como sheriff de ese condado. En Maverick, el comisionado Rodolfo Bainet Heredia estuvo relacionado con una banda dedicada al turismo sexual y, según la investigación del FBI, vendió un camión al líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño. La semana pasada, Robert Maldonado, un ex agente de la oficina del sheriff en Hidalgo, fue condenado a 12 años de cárcel por lavar 40 millones de dólares para el Cártel del Golfo, según la fiscalía. El último sheriff de la zona en caer fue Guadalupe Treviño, un policía estrella en el condado de Hidalgo que contaba con más del 80% de aprobación y es padre de Jonathan Treviño, el ex jefe de la Unidad Panamá.

Guadalupe Treviño, un hombre canoso de bigote recortado, fue condenado a cinco años de prisión después de declararse culpable de lavar 10 mil dólares para su campaña para reelegirse como sheriff en 2012. Cuando detuvieron a su hijo por las operaciones ilegales de la Unidad Panamá, varios agentes empezaron a revelar cómo el sheriff los obligaba a darle una parte de las ganancias procedentes del tráfico de drogas. Su ex mano derecha, José Padilla, es uno de los principales testigos en su contra; ahora está protegido por el FBI. Él lo asocia con El Gallo, con quien supuestamente empezó a tener relación desde 2011. Todavía hoy, en la casa del capo, una mansión en medio de una barrio modesto, hay dos carteles de campaña de Treviño. El ex sheriff, que en estos momentos apela la sentencia, niega estar involucrado con el narco.

El agente que lavó 200 mil dólares

“Desde que llegó Guadalupe Treviño a las oficinas del sheriff (en 2005), sabíamos por varios informantes que recibía contribuciones ilegales en efectivo y que provenían de narcotraficantes. Estaba recibiendo dinero del cártel”, sostiene Robert Caples, ex candidato republicano a sheriff de Hidalgo y dueño de una agencia de investigación privada.

Tras varios años de denuncias, que había dado a conocer al FBI, Caples decidió lanzarse en la última campaña de 2012 contra Treviño para comprobar que recibía financiamiento del narco. “Si estaba en campaña, necesitaría recaudar dinero y pondría a sus agentes a conseguirlo a toda costa. Yo nunca quise ser sheriff, pero sabía que era la única forma de comprobar lo que hacía”, cuenta el veterano de guerra en sus oficinas en Edinburg. Según Caples, Treviño llegó a lavar entre 150 mil y 200 mil dólares.

“Lo que me molesta es que tenían mucho contra él y como se declaró culpable de lavado de dinero lo juzgan por mucho menos de lo que hizo (…) La corrupción es como cáncer, no tiene cura pero puedes tratarlo y hacer que se vaya. Si no lo tratas, regresa”, apunta.

Eddie Guerra, que trabajaba para Treviño, asumió como sheriff interino en Hidalgo y ahora busca la reelección. “La prioridad del sheriff es limpiar la basura. 90% de la gente que trabaja ahora aquí no estaba con la administración anterior”, indica el comandante Joel Rivera. En promedio, un policía en Hidalgo gana alrededor de 40 mil dólares anuales, además de contar con coche particular y seguro médico.

“La verdad es que los cárteles están haciendo lo posible para cruzar la droga y hacen lo posible para pagar a policías y políticos por esa causa”, anota Caples.

Año y medio después de la incursión de la Unidad Panamá, José Pérez cuenta que tiene que ir al psiquiatra, ha vuelto a fumar a pesar de tener bypass en el corazón y sufre episodios de paranoia. “Las cosas por su nombre. Eso fue una invasión, un robo y un secuestro”.

// El Universal
LOS TUBOS es una divisón de Buró Blanco S.A. de C.V. Copyright © Monterrey, Nuevo León, México. Páginas web