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El advenimiento de una tercera generación de reformas parece recuperar con mayor fuerza la idea de derechos sociales universales pero sin renunciar a la conquista de un Estado moderno, flexible y más competitivo.
Jose Jaime Ruiz
octubre 22, 2014, 5:14 am

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Escribe Javier Pereira en el libro Gestión de la polí­tica social:

-Durante la década de los noventa la región latinoamericana, y los paí­ses del cono sur en particular, experimentaron una proliferación y diversificación de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública.

-Mucho tuvieron que ver en esta transformación, las exigencias planteadas desde los organismos multilaterales de crédito –principalmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo– por aumentar la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la ejecución de sus programas y proyectos.

-Tras los magros resultados de las reformas de primera generación impulsadas en los ochenta, los bancos internacionales reconocieron la necesidad de aumentar el involucramiento de la sociedad civil como forma de generar mayor legitimidad y sustentabilidad en torno a los programas implementados.

-De este modo, la segunda generación de reformas surgió fuertemente impregnada por el mandato de la participación, que muy rápidamente pasó a convertirse en un requisito ineludible de todo programa o polí­tica social en la región.

-Estas orientaciones –en su mayorí­a aún vigentes– formaron parte de una agenda centrada en la noción de gobernabilidad (governance) que puso especial énfasis en los aspectos institucionales para el logro de resultados en las acciones gubernamentales.

-Una mirada crí­tica sobre los impactos de la participación promovida en los años noventa, deja en claro algunas limitaciones en las prácticas participativas que las impulsaron.

-En tal sentido, algunos autores han señalado una subvaloración del aporte ciudadano, reduciendo a las organizaciones de la sociedad civil al "desempeño de una función acotada, ejecutiva y técnica, circunscripta a una actividad muy puntual dentro de lo que constituirí­a un proceso de monitoreo y de rendición de cuentas integral" (González Bombal, 2003).

-Numerosos estudios de casos de organizaciones de la sociedad civil realizados durante la década pasada, han documentado un predominio excesivo en su rol como proveedoras de servicios y contratantes del Estado, en detrimento de su capacidad para articular intereses ciudadanos y canalizar demandas hacia las estructuras públicas.

-Esta modalidad de participación de las OSC fue parte de una distribución de tareas entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, que no logró resultados satisfactorios en términos de equidad y justicia social.

-En consecuencia, el "mix" de los noventa fue dando lugar a nuevas formas de concebir las relaciones Estado-sociedad civil y de entender la participación ciudadana.

-Tras el cambio de milenio, los paí­ses de la región parecen haberse embarcado en una nueva etapa caracterizada por la búsqueda decidida de mayores niveles de equidad, y de mayor protagonismo estatal en la protección de los derechos ciudadanos.

-El advenimiento de una tercera generación de reformas parece recuperar con mayor fuerza la idea de derechos sociales universales pero sin renunciar a la conquista de un Estado moderno, flexible y más competitivo.

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