La Carpeta:
1 de 10
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León exhortó a la autoridad estatal para que revise y defina los protocolos de acción que implementará en los operativos con elementos de Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones y del Ejército Mexicano, a fin de que sean sujetos a medidas de protección, prevención y defensa de las garantías y libertades de las ciudadanas y ciudadanos.
Staff
enero 15, 2016, 5:52 am

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León exhortó a la autoridad estatal para que revise y defina los protocolos de acción que implementará en los operativos con elementos de Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones y del Ejército Mexicano, a fin de que sean sujetos a medidas de protección, prevención y defensa de las garantías y libertades de las ciudadanas y ciudadanos.

En un comunicado la dependencia dijo que la implementación de retenes y patrullajes conformados por elementos militares y diversas corporaciones de seguridad estatales deben desarrollarse de acuerdo con los principios constitucionales que indican las competencias de cada autoridad y obligan la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía a la libertad, el libre tránsito, la seguridad personal y la no discriminación.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos indica que los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen la existencia de tres niveles de contacto entre una autoridad policial y un individuo, reconociendo que existe la simple aproximación, la restricción temporal y la detención en sentido estricto.

“El primer nivel de contacto se refiere a la simple aproximación que puede hacer la autoridad policial con la persona, la cual no requiere justificación porque no incide en la esfera jurídica del individuo. En cambio el segundo se refiere a la restricción temporal de la libertad que no ocurre bajo el supuesto de una orden de detención”, señaló.

Explicó que en estos casos la Primera Sala resalta la importancia de que la restricción temporal proceda del supuesto razonable que se está cometiendo una conducta delictiva, el cual tendrá que estar sujeto a acreditación empírica y a la exposición de información sobre los hechos y circunstancias que envolvieron la restricción temporal.

“Salvo que el registro o revisión haya sido autorizado y consentido libremente por la persona, cuya libertad personal es privada posteriormente, lo cual implica que se dé bajo la ausencia de error, coacción o violencia por parte de los agentes policiales”, apuntó.

Indicó que en caso de que en dicha intervención sí haya flagrancia, entonces se estaría hablando del tercer nivel, una detención en estricto sentido. La CEDH destacó que los operativos de revisión y retenes que limitan la circulación vial representan una acción anticonstitucional ya que no debe ser restringido el libre tránsito, por lo que llama a evaluar su implementación.

// El Porvenir