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Es debido considerar que sólo unidos contra el crimen será posible abatir la violencia, la inseguridad, llevar ante la justicia a quienes hayan delinquido y poner las bases de una paz y tranquilidad públicas que en la disputa es imposible.
Staff
enero 4, 2016, 6:25 am

Por Juan Arvizu Arrioja

La paz pública perdida en regiones del país por la presencia del crimen organizado, así como la corrosión de la vida comunitaria a costa de la delincuencia común en todo el territorio nacional, forman un escenario del que cruzan acusaciones las fuerzas políticas, cuando tienen responsabilidad compartida por el gran fracaso que es la violencia.

De la noche infernal de Iguala, a las iniciativas en materia de seguridad y justicia del presidente Enrique Peña Nieto (congeladas en el Congreso), y hasta el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo (PRD), el pasado 2 de enero, se forma un periodo de la vida política y social mexicana tiznado por confrontaciones.

El ganador de la dispersión de voluntades, desde luego, es el crimen, que en sus distintas expresiones se apodera de regiones, de instituciones locales y estatales, se infiltra en las esferas federales, y marca su huella de terror en homicidios en masacre o hasta en el interior de la casa de las víctimas, como ocurrió con la ex diputada federal perredista Mota Ocampo, un día después de que asumió el cargo de presidenta municipal.

Mientras haya cálculos políticos para que transiten por el Congreso las necesarias reformas en materia de seguridad y justicia, tendrá que esperar tiempos mejores la disponibilidad de instrumentos para combatir al crimen.

La perredista Gisela Raquel Mota Ocampo fue asesinada un día después de asumir el cargo de alcaldesa, en un territorio dominado por un grupo de delincuentes, “Los Rojos”, protagonistas, como se recordará, de los hechos de Iguala y Cocula, Guerrero, en los que desaparecieron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

¿Qué es primero: acusar al gobernador de Morelos, Graco Ramírez (PRD), de las condiciones de inseguridad en el estado; responsabilizar a la estrategia de seguridad pública federal; reprochar a la PGR lentitud en atraer la investigación del caso; denunciar el incumplimiento de las prioridades de legislar en la materia por parte de los grupos parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores?

Desde 2006, los protagonistas políticos han cruzado acusaciones en confrontaciones en las cuales se han visto señaladas las fuerzas armadas. Pese a la guerra y la persecución del crimen, este enemigo común ha avanzado en sus negocios y se han fugado de prisión decenas de cabecillas y sicarios.

Es debido considerar que sólo unidos contra el crimen será posible abatir la violencia, la inseguridad, llevar ante la justicia a quienes hayan delinquido y poner las bases de una paz y tranquilidad públicas que en la disputa es imposible.

Mientras, asesinada Gisela Raquel Mota Ocampo, ¿quién sigue?...

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