El gobierno español firmó la orden para iniciar los trabajos de exhumación de los restos de Francisco Franco en un plazo de 15 días, lo que implica que el “Generalísimo” deberá abandonará el lugar que ocupa en el emblemático Valle de los Caídos, aunque los familiares del dictador pueden apelar la decisión.
“Un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado. Vamos a exhumar los restos de Franco con todas las garantías y escuchando al resto de grupos parlamentarios”, expresó el presidente de gobierno español Pedro Sánchez.
Agregó el mandatario socialista que “el gobierno actúa con serenidad para devolver la dignidad a las víctimas del franquismo y a la democracia”.
Durante varias décadas familiares de las victimas del régimen de Franco (1939-1975) exigieron que los restos del dictador llamado popularmente como “el Generalísimo” fueran exhumados y trasladados a otro sitio ante las negativas de sus familiares.
El gobierno español aprobó un decreto modificatorio a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que blindaba la exhumación desde el punto de vista legal, sin embargo, esta nueva ordenanza le da a la familia Franco 15 días para buscar un nuevo lugar donde depositar los restos, informaron medio de prensa.
Luego de transcurridos los 15 días y en el caso de que los familiares de Franco no indiquen el lugar donde deberán ser trasladados los restos del dictador y que no interpongan algún recurso judicial, el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros un nuevo acuerdo motivado indicando el lugar donde serán trasladados los restos.
El gobierno ha advertido a los familiares de Franco que deberán señalar que la inhumación de los restos no podrá ser en la catedral de La Almudena bajo motivos de seguridad y orden público que el hecho representaría, por lo que deberán señalar otro lugar.
Sin embargo, la familia del “Generalísimo” ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo con petición de que se paralice la exhumación. El Gobierno está convencido de que el Supremo no la paralizará, porque cree que los argumentos jurídicos de la resolución son sólidos, pero por si acaso estudia la posibilidad de sacar los restos del dictador antes de que se resuelva esa posible suspensión.
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