La Policía Federal de Brasil registró este martes inmuebles del excanciller Aloysio Nunes, quien ejerció ese cargo durante el Gobierno de Michel Temer, en el marco de la operación Lava Jato contra la corrupción, según fuentes oficiales.

La Fiscalía brasileña explicó que se trata de un asunto vinculado a corruptelas que implican a la constructora Odebrecht y que han sido dictadas 12 órdenes de registro y allanamiento en inmuebles vinculados al exministro y al operador financiero Paulo Vieira de Souza, quien ha sido detenido en Sao Paulo.

La institución señaló en un comunicado que esta acción “profundiza la investigación de una compleja trama de lavado de dinero de corrupción practicada por Odebrecht”, cuyas transacciones financieras ilícitas sobrepasarían los 130 millones de reales (35,1 millones de dólares).

Por su parte, la Policía Federal explicó en una nota que las investigaciones destaparon la existencia de un “complejo y sofisticado método de lavado de dinero” que involucraba el trasvase “de sumas millonarias” a Odebrecht a cambio de sobornos y financiaciones ilegales de campañas de diversos políticos de Brasil.

Los sobornos habrían sido pagados a través del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2010 y 2011.

Las investigaciones empezaron a partir de testimonios de los propios ejecutivos de Odebrecht y otros investigados en la Lava Jato, en el marco de acuerdos de cooperación firmados con las autoridades brasileñas.

Esas declaraciones, según las autoridades, permitieron verificar que Vieira de Souza “mantenía en territorio brasileño alrededor de 100 millones de reales (26,9 millones de dólares)” que serían destinados al pago de sobornos y ‘Caja B’ para la constructora.

Además de los 12 mandatos de registro y allanamiento realizados por 46 agentes de policías en diez ciudades de Brasil, también ha sido determinado el bloqueo judicial de los activos financieros de los investigados.

En sus casi cinco años de existencia, la operación Lava Jato ha llevado a prisión a importantes empresarios y políticos, entre ellos al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple desde abril pasado una condena de 12 años y 1 mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.