El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al Instituto Nacional Electoral la implementación de los mecanismos necesarios para que se asegure el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva para los comicios presidenciales de 2024.
El recurso presentado por Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López, indígenas tzotziles que se encuentran recluidos en el Cereso El Ámate, en Cintalapa, Chiapas, fue resuelto a su favor por la Sala Superior.
Tras una votación dividida, en la que 4 magistrados avalaron la resolución –Janine Otálora, José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe de la Mata– y tres votaron en contra –Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante–, el pleno determinó que se debe reconocer el derecho al voto de las personas recluidas que no han sido sentenciadas.
“Ante el reconocimiento del derecho activo de las personas en prisión preventiva, se propone que el INE implemente una primera etapa de prueba antes del año 2024”.
Felipe de la Mata Pizaña, magistrado ponente, explicó que en adelante corresponde al INE decidir si el ejercicio al derecho al voto será aplicado únicamente para la elección presidencial o también para comicios de otros niveles.
La resolución aprobada destaca que el INE tiene la capacidad de definir los mecanismos de voto, pues señala que podría ser a través de correspondencia.
“Ante el reconocimiento del derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva, se propone que de manera paulatina y progresiva el INE implemente una primera etapa de prueba antes de las elecciones de 2024, para garantizar ese derecho de las personas en esta circunstancia y reclusión”.
Por su parte el magistrado José Luis Vargas dijo que, de acuerdo con cifras oficiales, 39 por ciento de la población carcelaria no cuenta con sentencia, por lo que se encuentran en lo que denominó como un “limbo jurídico”.
Debido a dicha situación, el funcionario afirmó que “no puede restringirse el derecho al voto a personas sujetas a proceso penal que no cuenten con sentencia inculpatoria firme”.
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