La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Fiscalía General de la República que garantice el acceso al expediente de San Fernando, Tamaulipas y expida copias a las víctimas.
Esto al resolver un recurso de inconformidad interpuesto por Bertila Parada y Alma Yessenia Realageño, ciudadanas salvadoreñas, quienes solicitaron, entre otras cosas, reconocimiento de su intervención en las investigaciones.
La Primera Sala de la SCJN determinó que el Ministerio Público debe expedir copias de todas las constancias que integran la averiguación previa de origen y de las que no hizo entrega cuando se resolvieron los juicios de amparo.
El caso tiene su origen en el hallazgo de fosas clandestinas en 2011 en la localidad tamaulipeca con los restos de 193 personas, la mayoría migrantes, que se le adjudica al cártel de Los Zetas y es considerada la segunda masacre tras la de 2010.
Foto propiedad de: María José Martínez / Cuartoscuro
