Un Juzgado de Madrid suspendió de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que concedía la licencia urbanística para la exhumación del General Francisco Franco del Valle de los Caídos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid aceptó paralizar cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular contra el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, municipio donde se ubica el Valle de los Caídos, que pedía la suspensión cautelar de la exhumación, informaron medios locales.
El juez José Yusty Bastarreche decidió admitir la petición de medidas cautelares por entender que el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que autorizó la obra para exhumar a Franco no consideró “el riesgo evidente de caída o rotura y daño a las personas” que según el juez supone “la citada maniobra”.
“No hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es peligroso”, afirmó en su auto.
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tiene tres días para formular las alegaciones que considere pertinentes contra la resolución de este auto.
El magistrado Bastarreche tuvo en cuanta en su resolución los informes periciales elaborados para la ocasión por los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto.
“En opinión de los dos arquitectos referidos no se ha hecho un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación”, consideró el juez en su auto.
Indicó además que “no se aprecia especial urgencia” en el caso de la exhumación de Franco, ya que lleva enterrado en el Valle de los Caídos más de 44 años.
El pasado 15 de febrero el gobierno español firmó la orden para iniciar los trabajos de exhumación de los restos de Franco en un plazo de 15 días.
Durante varias décadas familiares de las victimas del régimen de Franco (1939-1975) exigieron que los restos del dictador fueran exhumados y trasladados a otro sitio ante las negativas de los familiares del llamado “Generalísimo”.
El gobierno español aprobó un decreto modificatorio a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que blindaba la exhumación desde el punto de vista legal, sin embargo, esta nueva ordenanza le da a la familia Franco 15 días para buscar un nuevo lugar donde depositar los restos.
Luego de transcurridos los 15 días y en el caso de que los familiares de Franco no indiquen el lugar donde deberán ser trasladados los restos y que no interpongan algún recurso judicial, el gobierno aprobará en Consejo de Ministros un nuevo acuerdo motivado indicando el lugar donde serán trasladados.
