El 26 de mayo de 2016 un grupo armado entró a casa de Guadalupe Cruz Hernández, un campesino del Ejido Puebla, municipio Chenalhó en Chiapas, y aunque rogó perdón, fue asesinado con tres tiros de arma de fuego frente sus hijos y su esposa. La razón: no votar por el Partido Verde Ecologista de México.
Araceli Cruz López, hija de Guadalupe, relata que ese día una organización paramilitar entró al Ejido y agredió a todos sus pobladores con palos, piedras y armas de fuego, “fueron simpatizantes de la que entonces presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde, nos sacaron de nuestras casas y tuvimos que huir a donde se pudiera”.
Una niña menor de edad identificada como Adriana, también fue víctima mortal de este ataque. Las personas desplazadas argumentan que además de no votar por ese partido, se tomaron represalias en su contra por reclamos hechos a la presidenta municipal por haber discriminado a la población indígena y marginado de programas sociales.
También fue un intento de represión por la organización entre comunidades que pasaban por la misma situación, y en conjunto realizaron diferentes protestas en Chenalhó, lo que ‘preocupó’ a la presidenta, y se dice que, al entonces gobernador, Manuel Velasco Coello, y a Eduardo Ramírez Aguilar, también, porque ellos recibirían el presupuesto destinado para mejorar las condiciones de las comunidades indígenas de ese municipio en Chiapas.
“Rosa Pérez reorganizó a los grupos paramilitar y ellos nos expulsaron, les pagó para que fueran a matar. Casa por casa. Salimos huyendo. Hasta ahora, nadie nos ha resuelto nada, ningún acercamiento, es por eso que exigimos la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Las víctimas del desplazamiento cuentan que luego del ataque estuvieron 9 meses en un campamento en la cabecera municipal de Chenalhó, sin embargo, ahí también llegaron las amenazas. Luego tuvieron que trasladar a San Cristóbal de las Casas, donde actualmente continúan viviendo.
Las demandas de 53 familias
En conferencia de prensa, las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan el caso hicieron un llamado urgente al Estado mexicano y lo exhortaron a tomar medidas adecuadas para atender la crisis de derechos humanos en Chiapas, y en especial la situación de las 238 personas desplazadas del Ejido Puebla.
Elsa Arista, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, detalló que entre la población afectada hay 123 niñas y niños que no tienen acceso a educación ni a servicios de salud, además de la escasez de alimentos y recreación específica para su edad.
“La Alerta Temprana Red hacemos un llamado urgente para que se entienda la situación, a tres años de este desplazamiento forzado, la población del Ejido Puebla no puede continuar viviendo en un campamento”.
Denunciaron que se están cometiendo violaciones graves a los derechos humanos pues no tiene garantías de una vivienda segura y digna, no hay educación ni han recibido alguna protección contra desplazamientos forzados, “las autoridades están obligadas a resarcir los daños. Que la Comisión de Víctimas tome cartas en el asunto”.
Ante dicho panorama, las personas desplazadas exigieron al gobierno de López Obrador la desarticulación del grupo paramilitar que opera en Chenalhó, reparación integral a las familias desplazadas; retorno digno y seguro a sus comunidades; así como verdad y justicia para las dos personas asesinadas desde hace ya tres años.
Foto propiedad de: Cencos
