Uno de los principales puntos que tendría por resolver el actual gobierno en el caso de corrupción en Petróleos Mexicanos, es la vinculación a proceso de su exdirector, Emilio Lozoya Austin, por delincuencia organizada, pues se presume que fue uno de los principales artífices en México de los actos de corrupción maquinados por la empresa brasileña Odebrecht.
La Fiscalía General de la República lo anunció a principios de este mes, y dijo que, en un plazo no mayor de 60 días, iniciará con el proceso de judicialización de exfuncionarios mexicanos involucrados en lo que fue el escándalo de corrupción más notorio de los últimos tiempos en América Latina, y que en otros países de la región ya ha derivado en la detención y encarcelamiento de exintegrantes de gobierno.
A finales de 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos a funcionarios de varios países, entre ellos México, a donde transfirieron más de 10 millones de dólares entre 2010 y 2014, a cambio de contratos con Pemex.
En 2017, un año después de haber sido removido del cargo, Emilio Lozoya negó haber recibido sobornos a cambio de otorgar contratos de manera indebida, sin embargo, en las investigaciones figuran diversas transferencias que hizo Odebrecht a empresas presuntamente relacionadas con el exfuncionario.
El hoy inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública para ejercer cargos públicos durante 10 años, también fue señalado en 2017 por Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quien aseguró en un video que sí recibió tales sobornos mientras encabezaba Pemex.
No obstante, la asociación Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción denunció que Lozoya Austin habría recibido transferencias desde que era coordinador de Vinculación Internacional del entonces candidato Enrique Peña Nieto, a fin de utilizarlos en la campaña y al mismo tiempo preparar el terreno a la empresa brasileña para obtener los contratos una vez que el priista asumiera el cargo.
La organización indicó que Odebrecht habría hecho transferencias a Emilio Lozoya que sumaron casi 3.1 millones de dólares, y que iniciaron a pocos días de iniciar la campaña presidencial y culminaron un par de días antes de la elección presidencial, para luego reactivarse un mes antes de que fuese designado director de Pemex.
Pero la investigación que tienen a cargo la FGR y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el caso Odebrecht, no es el único caso de corrupción en el que Lozoya Austin está presuntamente involucrado, pues también fue señalado en el caso Panama Papers, que reveló que, de la mano con el despacho panameño Mossack Fonseca, buscó crear una empresa offshore en Dubái.
En 2015, su nombre también apareció en otro caso de presunta corrupción, esta vez con OHL, en donde fue consejero, pues de acuerdo con audios que fueron revelados a redes sociales, se habría reunido con Juan Miguel Villar Mir, presidente de la firma, para acordar los términos de la participación de la empresa española en licitaciones de Pemex.
En estos audios, también salieron a la luz funcionarios del gobierno de Peña Nieto, como Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes; Enrique Ochoa Reza, quien fuera director de la Comisión Federal de Electricidad, así como directivos de la propia Obrascón Huarte Lain (OHL), como Pablo Wallentin, quien tuvo que renunciar a la empresa.
Además, fue durante la administración de Lozoya Austin en Pemex, que se concretó la compra del complejo industrial de grupo Fertinal, a fin de participar en la producción de componentes para fertilizantes, sin embargo, la transacción fue un fraude, pues ese complejo estaba compuesto por instalaciones deterioradas y fuera de funcionamiento, lo que provocó en gran medida el endeudamiento de la empresa mexicana.
Por esta transacción irregular, la SFP también inhabilitó a un segundo exfuncionario, por haber hecho mal uso de recursos públicos, pues Pemex pagó a un sobrecosto de casi 620 millones de pesos por ese complejo, por lo que le impuso una sanción económica por el mismo monto, que equivale al daño patrimonial, así como la inhabilitación por 15 años para ejercer un cargo público.
Cuando Emilio Lozoya llegó a la dirección de la empresa productiva del Estado, y a partir de la reforma energética con la que se creó la subsidiaria Pemex Fertilizantes, se concretó la compra del complejo Fertinal, bajo el argumento de que sería empleado para la producción, distribución y comercialización de amoniaco, fertilizantes y sus derivados, pero en realidad las instalaciones no podían ser utilizadas para tales fines.
No obstante, Fertinal que fue resultado de la privatización del entonces Fertimex, propiedad del Estado y desincorporada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, para el inicio de la administración de Peña Nieto ya se sabía que presentaba números rojos, pero aun así fue adquirida con recursos millonarios.
