La Fiscalía General de la República acusa de tráfico de personas a los dos defensores de derechos de personas migrantes, Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, que fueron detenidos en la Ciudad de México y en Sonora, respectivamente, el 5 de junio.

Cristóbal Sánchez, fundador del Colectivo de Cultura Migrante, fue arrestado afuera de su casa en la alcaldía de Xochimilco; mientras que Irineo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, fue detenido en Sonoyta, Sonora.

Adriana Salcedo, investigadora de la organización civil Movimiento de Justicia LIS, dijo que ambos activistas fueron detenidos por agentes ministeriales vestidos de civil, y posteriormente trasladados este jueves a Tapachula, Chiapas, donde serán procesados: “La acusación se basa en testimonios, pero son testimonios que señalan que estuvieron involucrados en hechos en la frontera sur en fechas en que los dos estaban en la Ciudad de México”.

Después de su detención, Cristóbal Sánchez fue llevado a la Subdelegación Zona Centro de la FGR, en Camarones, donde habló con sus abogados, pero no pudo ver a su familia, según reportó el periódico Reforma. En tanto, a Irineo primero lo presentaron en la delegación de la FGR en Sonoyta y luego a Hermosillo.

Ramiro Sánchez, hermano de Cristóbal, afirmó que es la segunda ocasión que su hermano es detenido por las labores de activismo que realiza, y al mismo tiempo dijo que están decepcionados de la Cuarta Transformación, pues Ramiro “está viviendo un proceso infundado, inventado”.

Detenciones por presión de Estados Unidos

Sánchez consideró que la detención de ambos activistas se debe a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México; al igual que Adriana Salcedo, quien estas acciones son un intento de demostrar fuerza del Estado mexicano en frenar el flujo migratorio.

“Trump está pidiendo cabezas, de quienes sean los directamente responsables de las caravanas, y aquí no quiere decir que mi hermano sea directamente responsable, pero él tiene conocimiento de cómo hacer ese tipo de marchas desde Chiapas hasta Mexicali.”

Organizaciones de derechos humanos y de apoyo a los migrantes como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes; el Movimiento Migrante Mesoamericano y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, denunciaron el arresto como “detención arbitraria” y cuestionaron lo que consideran “una forma de criminalización contra las personas defensoras de los derechos humanos de los migrantes”.

Con información de Reforma

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