«Tras tener una reunión en Escobedo, el Senador de la República, Samuel García y la Alcaldesa, Clara Luz Flores, acordaron ayer un frente común para destrabar la Ley de Justicia Cívica.
«El Senador de Movimiento Ciudadano resaltó que el municipio es ejemplo de aplicación de justicia», destaca hoy la edición impresa del periódico El Norte.
En sus redes sociales, el senador de MC escribió: «Quiero felicitar a la alcaldesa Clara Luz por el gran trabajo que han hecho en Escobedo dándole vida al SISTEMA PENAL ACUSATORIO con su policía investigadora y centro de inteligencia. Ojalá otros municipios hagan lo propio».
El encuentro no sólo fue una reunión de trabajo, también sirvió para mostrar una relación política y electoral de cara a las elecciones del 2021 con la frase aliancista: «Estar unidos en el 2021 y más allá».
Critica cacería contra taxis de aplicación
Samuel García Sepúlveda, senador de la República, consideró que hoy en Nuevo León el problema no son los Uber, sino el conflicto de intereses para beneficiar a los concesionarios del transporte, por lo que hay una responsabilidad penal.
Manifestó que al no regularse el tema, llega un señor como Noé Chávez, que tiene procesos penales en Estados Unidos y, en lugar de enfocar su prioridad en regular las rutas que están cobrando de más, emprende cacería.
“Yo me metí al tema del Uber de manera profunda y la verdad es que no hay una verdad absoluta, depende de la perspectiva, si uno lo ve desde el punto de vista de mejorar el transporte y ampliar el servicio, bienvenido, si uno lo ve como competencia desleal, por todos los costos y trabas que tiene el taxista, claro que hay una injusticia”.
“El gran problema es que no se regula, yo creo que desde que Clara era diputada están ahí las iniciativas congeladas, son más bien intereses particulares, los que están deteniendo que se regule”, dijo.
García Sepúlveda señaló que esperen noticias el jueves o viernes,
porque considera que hay responsabilidad penal, porque no hay un
fundamento, para detener a los Uber, porque no hay ilegalidad, porque no
hay un órgano que lo faculte y cae en abuso de autoridad.
Por
lo anterior, pidió que se priorice la tarea del titular de la Agencia
Estatal del transporte, por parte del Estado, para que en lugar de hacer
circo que es financiera y jurídicamente inviable, para solicitar los 5
mil millones de pesos, se pongan a realizar la reestructura del
transporte.
