La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó 6 denuncias penales y 12 administrativas contra funcionarios federales y estatales, que presuntamente incurrieron en omisiones y delitos como tortura, al investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la información de la Comisión, las denuncias penales involucran a 235 personas del servicio público, mientras que las administrativas a 140, todas como consecuencia de violaciones graves a derechos humanos señaladas en la recomendación 15VG/2018 sobre el caso.
“Destaca la denuncia penal ante la FGR por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República, con el detenido Agustín García Reyes (a) ‘El Chereje’, en las inmediaciones del Río ‘San Juan’ de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014”.
Otras denuncias importantes son contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la extinta PGR, relacionadas con los autobuses ‘Costa Line’ 2513 y ‘Estrella Roja’ 3278 utilizados por los normalistas, pues refirió que no se realizaron las investigaciones correctamente.
La CNDH también presentó una denuncia contra el personal policial a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal “por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el ‘Puente del Chipote’ y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos”.
Las denuncias penales fueron presentadas el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República. En tanto, 7 de las administrativas fueron presentadas ante la Secretaría de la Función Pública porque involucra incumplimiento de obligaciones de personas servidoras públicas.
Tortura y caso Canto en Ayotzinapa
Por el delito de tortura, un total de 119 personas servidoras públicas –114 del orden federal y 5 del estatal— fueron denunciadas por participar en actos de tortura en los 65 casos que la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados.
En cuanto al caso de Carlos Canto, detenido como presunto responsable por la desaparición de normalistas y que sufrió tortura de parte de autoridades, el organismo señaló que dicho material fue incorporado al expediente.
“En consecuencia (a los videos) se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de tortura, para que tales actos sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se deslinden las responsabilidades del caso. Se aportó un dictamen en materia Criminalística y una Opinión Técnica Médico-Psicológica”.
El pasado 21 de junio, el noticiero En Punto presentó un video donde se observa cómo Carlos Canto habría sido torturado por presuntos elementos de la Policía Federal Ministerial de la entonces PGR.
La de Carlos Canto es una de las 34 detenciones del caso Iguala, en que la ONU concluyó que existen «fuertes elementos de convicción de actos de tortura». Fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y la Marina Armada de México.
Foto propiedad de: Galo Cañas / Cuartoscuro
