Con la intención de revisar la forma en que se han utilizado los 200 millones de pesos, que le fueron etiquetados este año a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para aplicar en programas de mejora del aire, el Congreso del Estado aprobó una auditoría especial al programa denominado “Nuevo León Respira”.

Los legisladores Luis Donaldo Colosio y Karina Barrón, de Movimiento Ciudadano, e Ivonne Bustos, del Partido Verde Ecologista, advirtieron que este recurso no puede ser invertido para otro fin, como ha comentado el Gobernador Jaime Rodríguez. Incluso señalaron que existen indicios de que dichos recursos etiquetados para la verificación vehicular han sido utilizados en gasto corriente por parte del Gobierno del Estado.

“Al día de hoy, desconocemos si los recursos económicos por un monto de 200 millones de pesos, etiquetados para el programa de Mejoramiento de la Calidad del Aire, se han administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Es más, desconocemos si los recursos se han ejercido o si han cambiado el destino de los mismos, lo cual es realmente dudoso, puesto que las acciones por remediar el medio ambiente no han sido lo suficientemente contundentes para creer lo contrario”.

“Hasta el momento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable no ha tenido la capacidad, en estos ocho meses, de ejercer ese recurso para beneficio de la calidad del aire. Siempre estaba el argumento de que el Congreso no apoyaba para acciones para mejorar la calidad del aire, pero ahora el titular no ha tenido acciones, y tuvo recurso y no ha ejercido”.

Colosio Riojas dijo que el anuncio del Mandatario de reasignar ese presupuesto para reparar infraestructura educativa dañada por el paso de la tormenta “Fernand” es una buena intención, pero ilegal al estar etiquetado para una causa específica.

“El tema es que, si no hubieran ocurrido estas lluvias, y no existieran los daños, en qué se hubiera utilizado este recurso. Seguramente estaríamos hablando de un subejercicio”.

En esto coincidió la coordinadora del Partido Verde, Ivonne Bustos, quien dijo que esta práctica es común por parte del Gobierno del Estado, cuando toma recursos etiquetados y los dirige a gasto corriente.

Dentro del tema ambiental, los diputados locales aprobaron reformas a la Ley Ambiental del Estado para que las autoridades estatales y municipales puedan realizar inspecciones “urgentes” a empresas o establecimientos que contaminen. Así, los inspectores no estarán obligados a cumplir con requisitos establecidos en la normativa para realizar la vigilancia en la industria y otras empresas.

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