Por Carlos Chavarría.

Si desde los 60´s del Siglo XX ya se habían agotado las posibilidades de respuesta del estado ante la pujanza de una sociedad más crítica y exigente, y la profundización de los problemas para el desarrollo; ahora, ante el huracán de las tecnologías de la información, el estado es francamente un obstáculo para la evolución ordenada de la vida en sociedad.

En algunos estados del país como Nuevo León han tenido la “ideota” de que les corresponde una parte de la renta que producen las empresas dedicadas al enlace de servicios entre particulares como UBER y otros, y basados en unos razonamientos de lo más absurdo, pretenden aplicar un “impuesto voluntario” a cada transacción en dichas plataformas.

Extrapolado el asunto, a nivel federal también van en pos de aplicar más impuestos a todo lo que signifique comercio por internet y cargarle la mano a los consumidores por esas operaciones a través de empresas que ni siquiera están avecindadas en el país y que deberán alegremente actuar como recaudadores de impuestos so pena de impedir y/o penalizar su operación en nuestro territorio.

¿Qué ocurrirá cuando ya esté trabajando a toda su capacidad la tecnología 5G que producirá una explosión llamada la internet de las cosas? Es muy simple, el concepto de territorialidad física habrá desaparecido en todos los ámbitos económicos, y buena parte de los procesos de gobierno ya no serán necesarios.

Todos los gobiernos anacrónicos como los nuestros buscarán aislar a sus países de la operación de la internet con la esperanza de mantener en su mismo estado de sometimiento de sus habitantes.

Por ejemplo, cuando la explosión del 5G ocurra, se podrá consultar y contratar con eficiencia cualquier profesional en el mundo, sea médico, instructor, arquitecto, zapatero, albañil, etc., asumiendo que la libre convertibilidad de habilidades estará permeando a todos los oficios en el mundo, pero, y aquí viene pero, siempre habrá algún burócrata que buscará meterse en medio de esos procesos para “regularlos” y sacar alguna ganancia para sostener al estado, que en realidad ya no tendría nada que hacer entre el verdadero ejercicio democrático de las preferencias de consumo y el libre mercado a su máxima expresión.

En tanto, las tareas que le serán naturales al estado, como es la prestación de los servicios públicos (educación, seguridad, mantenimiento de infraestructura de uso común, etc.) se estarán cayendo a pedazos porque ningún recurso alcanzará, excepto para mantener a la propia burocracia buscando maneras de hacerse con más dinero de la sociedad en cada vez más regulaciones sin sentido, como de hecho ya está ocurriendo.

La complejidad y diversidad no se pueden gerenciar, por más afanes burocráticos que pretendan imperar. Antes de la ola de la información vivíamos un mundo atolondrado con una sociedad que esperaba a ver qué hacían los gobiernos para luego adaptarse a ello; hoy, la tecnología de la información y de la inteligencia artificial pone a la sociedad sobre la ola y muy adelante de los gobiernos.

Ante tal estado de cosas los gobiernos, en lugar de subirse a la modernidad, pretenden detenerla; y que marche, pero al ritmo diletante de las burocracias. En la más grande de las ironías, la única área de los gobiernos que ha tenido un avance tecnológico importante ha sido la del cobro de los impuestos, pero no la del ejercicio del gasto público.

Uno de los más grandes absurdos ideológicos resulta cuando se habla de la modernidad tecnológica en las organizaciones públicas, el burócrata siempre lanza el grito de “afanes privatizadores”, como si resultara pecaminosa una mayor participación de la sociedad en los asuntos que le atañen y el ejercicio de las preferencias de cada persona.

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