Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios y la Red Nacional TDT presentaron un informe que documenta los tipos de agresiones contra defensores de personas migrantes no sólo en México, también en Estados Unidos, desde el surgimiento de las caravanas en octubre de 2018.

Titulado como Defensores sin muros: Personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos, las organizaciones señalaron que se trata de una investigación para visibilizar la situación de personas, albergues y organizaciones que defienden los derechos humanos a la población migrante en países de la región.

También refieren que, desde octubre de 2018, con el surgimiento de las caravanas migrantes, autoridades comenzaron a intentar criminalizar a personas migrantes y a quienes los acompañan en su camino, que al mismo tiempo apoya a la invisibilización de que la migración “es consecuencia de violencia política y económica”.

“Esta situación se ha intensificado con el paso de los meses, primero, en abril de 2019, cuando el gobierno mexicano decidió pasar de una política de puertas abiertas, a la detención y deportación masiva de personas migrantes”.

Y señalaron que la violencia aumentó con las negociaciones de México con Estados Unidos en junio pasado, con el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur para control migratorio, y a pesar de reconocer que la criminalización de la migración no es nueva;

“[…]hemos documentado que, a la par de la transición en la política migratoria, hay un recrudecimiento en los ataques contra defensores de derechos humanos de personas migrantes, aumento de la criminalización y judicialización que se sostiene en discursos de odio y xenofobia”.

Entre las principales agresiones contra personas defensoras se encuentra las detenciones y arrestos ilegales, deportación, detención ilegal, difamación, amenazas, intimidación, ataques de grupos armados, todas constituidas como violaciones de derechos humanos.

Como parte de su informe, las organizaciones urgieron a los gobiernos de Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador, principalmente, a desvincular las políticas migratorias de las políticas de seguridad nacional, y retomar un marco de derechos humanos, para que no se estigmatice el trabajo de los defensores, sino que se reconozca su labor.

Asimismo, solicitaron cesar el acoso, hostigamiento, persecución, vigilancia, agresiones físicas, criminalización y judicialización de defensores; así como un diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para impulsar soluciones a las problemáticas en cuestión de movilidad humana.

Fotografía: Cuartoscuro

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