Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el recurso de inconformidad presentada por el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, por lo que el Congreso local si ésta facultado para sancionar a los dos funcionarios estatales.

Por si esto no fuera suficiente, la misma sala desechó un recurso de apelación para que se revise la sanción que le impuso el Instituto Nacional Electoral, por presunto financiamiento ilegal y por el envío masivo de más de un millón de mensajes de texto durante su campaña por la Gubernatura en 2015. Por tal motivo, el mandatario estatal tendrá que pagar los 115 mil pesos que el órgano electoral había ya puesto de multa.

Los magistrados al someter a votación los expedientes confirmaron la sentencia de la Sala Regional Especializada por lo que El Bronco y al Secretario de Gobierno serán castigados por desvío de recursos públicos en el acopio de firmas para su candidatura presidencial en el 2018.

La magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, consideró que al ser el mandatario estatal un funcionario local sin superior jerárquico es competencia del Poder Legislativo aplicar el ordenamiento de la Sala Regional.

Dentro de los alegatos que había presentado Rodríguez Calderón señalaba que no le fue respetado el derecho de audiencia que tenía y que no le fue notificado el procedimiento y la falta de facultades del Congreso para sancionarlos, entre otros.

Sin embargo, los magistrados en la resolución del caso consideraron que al no haber dejado el mandatario estatal un domicilio para que le fueran notificadas cada una de las decisiones del tribunal, los dictámenes fueron publicados en los estrados del Tribunal Electoral en tiempo y forma. Señalaron que este proceso de comunicación sirve precisamente para hacer del conocimiento de terceros involucrados las resoluciones.

Otálora Malassis determinó que se trató de un procedimiento especial sancionador de naturaleza electoral, por lo que ahora los diputados tienen hasta el 20 de diciembre para cumplir con la orden:  “Se confirma la resolución incidental controvertida”, propuso la magistrada en el dictamen que al ser votado por el resto de sus compañeros este fue avalado por unanimidad.