Por Obed Campos.
A 76 años de haber sido inaugurado, porque ¿abrió o cerró sus puertas? en 1943, el Penal General “Bonifacio Salinas Leal”, que pasó a la historia mejor conocido como Penal del Topo Chico, dejará de usarse oficialmente como cárcel a partir de hoy.
Según datos escarbados por encimita, este pomposamente llamado “Centro de Readaptación Social”, que nunca tuvo nada que ver con la readaptación, albergaba 3mil 685 presos, con una sobrepoblación de más de 200 internos.
Las ocho hectáreas pasarán a ser ocupadas por obras sociales, de acuerdo con la versión oficial, aunque hay maloras que dicen que negociantes de los bienes raíces ya le tomaron la medida y el precio a las ahora valuadas 8 hectáreas en las que se encuentra asentada la prisión.
Aunque los motines de marzo de 1980 que acabó sangrientamente con el asesinato del director de penal, el Capitán Alfonso Domene Flor Milán, quien había sido secuestrado con tres de sus secretarias, estremeció a la opinión pública, los más recientes motines de 2016, ya bajo el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, le quitaron el aliento a la sociedad regia.
El 10 de febrero de 2016 estalló el motín que se llevó el macabro récord de mayor número de muertos en la historia carcelaria mexicana.
Y todo por el descuido de las autoridades que no supieron y no pudieron sofocar las pugnas entre las mafias de “Los Zetas” y el “El Credo” del cártel del Golfo, que arrojó el saldo de 49 internos asesinados.
Pero eso ya es historia y lo actual es la negativa por parte de la administración de Rodríguez Calderón a terminar las obras de lo que sería el nuevo penal de Mina, Nuevo León, supuestamente porque la mano de negociantes inmobiliarios conectados con la pasada administración estatal estaría detrás de esta obra.
El presunto experto Eduardo Guerrero ha sido el responsable de la ingeniería de traslado y acomodo de los reos a los penales de Apodaca y Cadereyta, los cuales, hay que reconocerlo, se han dado en paz hasta ahora.
Solamente el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, alertó de los riesgos de sobrepoblar el penal que se encuentra en su municipio, y señaló que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón debe explicar cuántos custodios fueron contratados para dar gobierno al penal con los nuevos 2 mil 500 internos.
Lamentablemente sólo el tiempo dará la razón a quien la tenga.
Habrá que conformarse con que no vuelva el autogobierno a los penales, si es que sí se fue.
