Ante el movimiento de reos, muchos de ellos peligroso a otros penales del estado como los de Apodaca y Cadereyta, tras el cierre del Topo Chico, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos busca vigilar la situación en cada centro de readaptación social, para que no se violenten los derechos de los internos y familiares. Y más aún que ya se realizaron todos los traslados, para atender quejas como malos tratos y cobro de cuotas.
La titular de la Comisión, Sofía Velasco Becerra, dijo que en Nuevo León se recibieron algunas quejas durante los traslados, pero que en su momento fueron atendidas, y hasta ahora no han recibido nada relacionado con el cobro por parte de algún grupo delictivo.
“Tuvimos únicamente algunas quejas al momento de los traslados, eran como seis, únicamente sus familiares no sabían dónde estaban sus familiares, pero al final las atendimos, pero únicamente de eso”.
Además, que en cuanto al cobro de cuotas por parte de internos que pertenecen a la delincuencia organizada, dijo que han estado atentos, pero a 9 días del cierre del penal del Topo Chico, no han tenido ningún problema que se les haya presentado de parte de los familiares.
“De eso no hemos tenido absolutamente nada. Hemos estados atentos ¿verdad?, en el área de quejas si eso sucede, pero no hemos tenido, hasta este momento no”.
Desean evitar el que se dé un autogobierno, y se sigan con cobro de cuotas a los familiares de los internos y a los propios internos por pasar artículos al interior del penal. Incluso por la visita a algunas personas que no son familiares directos.
Esto tras quejas públicas del denominado grupo de “los chihuahuas”, como las personas que cobran a los familiares por llevar a los internos artículos como cosas de aseo personal, abanicos y ese tipo se artículos personales que necesitan los internos.
