La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a Lorena González Hernández, quien fue víctima de fabricación de delitos y estuvo en prisión injustamente por el secuestro de Fernando Martí en 2008.
El 5 septiembre de 2008, Lorena fue detenida sin orden de aprehensión, mientras trabajaba en el área de procesos administrativos de la Policía Federal; la acusaron del delito de secuestro cometido contra Fernando, hijo del empresario Alejandro Martí.
Sin embargo, no había ninguna prueba que la involucrara pues la denuncia fue anónima, y las personas que declararon en su contra no existían, pues sus identidades fueron fabricadas para sostener una acusación en contra de Lorena. En julio de 2015, un juez le otorgó su libertad por falta de medios probatorios.
Por ello, la titular de la PGJ-CDMX, Ernestina Godoy, admitió la responsabilidad de la dependencia en la violación múltiple de derechos humanos de Lorena, y aseguró que los responsables de la fabricación de pruebas y delitos serán sancionados. También se comprometió a reparar integralmente el daño de la víctima.
Godoy refirió que Lorena no tenía que pasar por esas injusticias, pero reconoció su voluntad de salir adelante y su disposición al diálogo para reparar el daño, así como para componer la desconfianza que tiene la sociedad hacia las autoridades. A lo que la víctima respondió:
“Acepto las disculpas de las autoridades de la Procuraduría y el Tribunal porque necesito y exijo un futuro con justicia. Pido que atiendan a los otros casos como los míos para que no vuelvan a ir en contra de los principios básicos de justicia. Les pido que sus capacidades las dirijan para hacer justicia”.
Lorena y caso de Fernando Martí
El 4 junio de 2008, el hijo del empresario Alejandro Martí fue plagiado cerca del estadio de Ciudad Universitaria. A Lorena la acusaron de haber participado en un retén al vehículo donde viajaban Fernando Martí y su chofer, para que fuera secuestrado.
Con pruebas fabricadas, el siguiente 1 de noviembre de 2008 fue ingresada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, donde pasó recluida 6 años, 10 meses y 11 días, hasta que se le otorgó su libertad en 2015.
En noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 64/2018 donde se reconocía la violación a los derechos humanos de Lorena, particularmente a la seguridad jurídica, libertad personal, debido proceso, presunción de inocencia y privacidad, por lo que se solicitó al Gobierno de la Ciudad de México que le ofreciera una disculpa pública, entre otras medidas.
“La CNDH determinó que la falta de debida diligencia y prontitud por parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sumado a la mala fe y arbitrariedad por parte de la Procuraduría, permitió que Lorena González permaneciera privada injustamente de su libertad por seis años y diez meses”.
En la recomendación de la Comisión, también se estableció la disculpa pública del titular del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien en el mismo acto reconoció la indebida actuación de esa dependencia en 2008 y años posteriores, cuando fueron violados los derechos jurídicos de Lorena.
La vida de Lorena fue frustrada
Por su parte, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, organización que ha acompañado el caso de Lorena, señaló que el proyecto de vida de la mujer quedó frustrado por las autoridades del entonces Distrito Federal.
Asimismo, Guevara enumeró algunas violaciones a derechos de Lorena entre los que destacó la detención arbitraria, los agentes de investigación no garantizaron el acceso a la justicia, no tuvo una defensa adecuada, ni seguridad jurídica. Además, la investigación estuvo realizada con una acusación infundada e ilegal.
Y solicitó que las personas responsables sean sancionadas pues debe quedar registrado “como las autoridades inventaron culpables, destrozaron sus vidas y familias, y no ha habido consecuencia».
“No podía ganar porque mi oponente era el mismo aparato estatal, era un caso político. Levanto mi voz para decir que vencimos, las víctimas vencimos a un poder que nos sujeta y oprime, nosotros somos capaces de abrir las puertas y decir basta de injusticias”.
Finalmente, Lorena dijo que si bien la disculpa pública es un paso para la reparación integral, pidió a las autoridades ayudar a las otras víctimas de fabricación de culpables, pues por este caso, 5 personas más se encuentran detenidas con pruebas fabricadas.
