El Pleno de la Cámara de Diputados ya aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de la minuta para combatir a las empresas fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas, y lo envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Con la mayoría de Morena y sus aliados fue avalado el dictamen en lo general, tras rechazar dos mociones suspensivas, con 318 votos en favor, 121 en contra y tres abstenciones, mientras en lo particular se registraron 276 sufragios en pro, 144 por la negativa y 16 abstenciones, y no se admitieron a discusión diversas reservas de la oposición.

El documento considera los actos ilícitos contra el fisco federal como amenaza a la seguridad nacional, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa y se incluyen en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, tema en que la oposición, sobre todo PAN, PRI y PRD, no estuvo de acuerdo.

Entre esos ilícitos se encuentra el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La iniciativa reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes federal contra la delincuencia organizada y de seguridad nacional, así como de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.

Lo aprobado establece como delito la defraudación fiscal cuando el monto supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que actualmente se determina en dos millones 601 mil 410 pesos.

En tribuna, la diputada Paola Tenorio Adame, de Morena, sostuvo que la defraudación fiscal es un problema que afecta a todo el país, ya que frena el crecimiento de la economía, debilita a las instituciones e incrementa la desigualdad social.

El Consejo Coordinador Empresarial lamentó que para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales el Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que alertaron sobre las consecuencias negativas que tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva en el país.

Expuso en un comunicado que lo advirtieron, de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos.

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