La Policía Nacional y grupos afines al gobierno del presidente Daniel Ortega, continuaron las agresiones contra líderes religiosos en distintos puntos de Nicaragua. La Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya y la catedral de Managua permanecen sitiadas mientras, en su interior, grupos de madres comenzaron una huelga de hambre por la liberación de los presos políticos.
Las tensiones entre la Iglesia y el gobierno aumentaron luego de que los templos nicaragüenses se han convertido en espacios de protesta, según reporta el medio local La Prensa. Se han detectado patrullajes de fuerzas antimotines de la policía en varias parroquias, mientras otras ya se encuentran bajo cerco policial, principalmente, aquellas con historial de activismo político tras el estallido de la crisis política el 18 de abril de 2018.
Este martes, el párroco Edwing Román, quien se encuentra en el interior de la parroquia de Masaya denunció que han sido vigilados por drones de la policía, los servicios básicos siguen suspendidos y la policía permitió únicamente el ingreso del recibo de luz, el cual colocaron debajo de la puerta como una burla hacia los manifestantes, expresó el religioso. Además, declaró en entrevista con CNN que su estado de salud podría complicarse por la diabetes que padece y que dos de las madres se encuentran en estado delicado por la deshidratación.
Las muestras de apoyo a la institución eclesiástica se han hecho visibles en distintas partes del país. Al medio día, estudiantes de la Universidad Centroamericana se manifestaron en las inmediaciones de la institución para exigir la liberación a los presos políticos y el respeto a la iglesia. Esto generó un enfrentamiento entre la comunidad estudiantil y la policía que llegó al lugar para reprimir la protesta con armas de fuego. Hasta el momento no se tiene registro de muertos o heridos; sin embargo, los agentes antimotines bloquearon los portones de la UCA, desde donde han sido atacados con una manguera de agua por jóvenes atrapados dentro de la universidad.
Ante la intensificación del conflicto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado donde condena la “persecución a las víctimas de la represión en Nicaragua y llama al Estado a evitar la revictimización y a promover la verdad”.
Esto, después de que 16 activistas de la organización “Azul y blanco” fueron detenidos y acusados de tráfico y tenencia de armas cuando intentaban pasar agua a las mujeres en huelga de hambre en las inmediaciones de la parroquia de Masaya, unos 25 kilómetros al sureste de la capital.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua externó su preocupación por las agresiones contra la comunidad religiosa tanto en la catedral metropolitana como en las parroquias de distintas localidades. Manifestó además su solidaridad con el cardenal José Brenes y los sacerdotes que han sido agredidos por las fuerzas del régimen.
En su comunicado, la institución pidió a las autoridades que detengan la hostilidad contra la protesta pacífica ya que las manifestantes se encuentran con un “doble sufrimiento”: el sitio policial y la espera a que el gobierno escuche sus peticiones para la liberación de sus hijos por una “Navidad sin presos políticos”, como han denominado a esta campaña.
La Cruz Roja evacuó a las mujeres que se encontraban en la catedral de Managua tras externar su miedo a ser agredidas por más grupos afines al gobierno y ante las actitudes violentas de la policía. Una de las madres en huelga de hambre denunció ante los medios de comunicación que no encontraban donde refugiarse dentro de la catedral y que los policías robaron sus pertenencias.
