El operativo del gobierno transitorio de Bolivia para sacar combustibles de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Senkata, en El Alto, se convirtió en un enfrentamiento con los habitantes de esa ciudad que bloqueaban la estación, como consecuencia del cual tres personas murieron.
La justificación de las autoridades por las tres muertes a causa de disparos de arma de fuego es que los simpatizantes de Evo Morales que bloqueaban la planta trataron de dinamitar los muros de ésta, lo cual puso en riesgo a toda la ciudad, porque la concentración de hidrocarburos habría hecho volar varios kilómetros a la redonda.
Sin embargo, una vez más la falta de negociaciones es una constante en el gobierno de Jeanine Áñez. La precipitación en la encomienda de planes gubernamentales es tal, que apenas hace cinco días nombró al Ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien dijo que negociaría para desbloquear la planta de Senkata.
Hoy, a las 10:00 de la mañana, nombró a José Luis Rivero como presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es decir, encargado directo de Senkata, lo cual no evitó que a las dos horas ya se produjeran enfrentamientos en la planta entre policías, ejército y habitantes de El Alto.
La acción denota que no hubo una negociación de por medio. Teresa Zubieta, representante de la Defensoría del Pueblo, dio a conocer el número de muertos y heridos esta tarde, con lo cual las cifras suben a 26 y 737, respectivamente, durante las jornadas que han sucedido a la renuncia de Evo Morales.
Durante el operativo, la Policía Nacional y el Ejército de Bolivia sacaron unas 45 cisternas con combustible para abastecer a la capital boliviana, donde hoy se formaron largas filas de vehículos para cargar gasolina y llenar sus tanques de gas para cocinar.
Caos y desabasto; no hay política sólo decretos
Un proyecto de “decreto supremo” para elegir vocales electorales y convocar a comicios, y dos más para las Fuerzas Armadas, uno para eximirlas de responsabilidad penal y otro para otorgarles cerca de cinco millones de dólares, son pruebas de que el ímpetu está sustituyendo hoy a la política en Bolivia.
Todas las acciones están siendo impulsadas desde un solo poder, el Ejecutivo, y con las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor. El Poder Legislativo, con dos terceras partes de parlamentarios del Movimiento Al Socialismo, que registró la candidatura de Evo Morales, simplemente navega sobre las acciones que el propio gobierno transitorio precipitó.
Esto ocurre mientras en la jornada, en esta capital, hubo caos y enormes filas, hasta de 700 personas, para comprar productos alimenticios y cargar combustibles.
La precipitación y la impericia política empiezan a marcar al gobierno transitorio de Áñez, mientras ya van 26 muertos y más de 700 heridos, todos civiles.
Si el MAS de Morales está conforme con mantener el conflicto en las calles de La Paz, El Alto y Cochabamba, el gobierno transitorio de Áñez está cómodo con el uso de la fuerza, según sus propios “decretos supremos”.
Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que calificó como “grave” el decreto número 4078, que exime de cualquier responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas cuando éstas utilicen la violencia.
La precipitación y el revanchismo político del gobierno transitorio, de este gabinete que jura cumplir su labor con el pulgar y el índice cruzados, lo están llevando a una carrera contrarreloj y sin puentes de negociación.
Cuando el grupo que ahora ostenta el poder en Bolivia fundamentó su Presidencia transitoria en el fraude de Morales, inició la persecución del expresidente y varios de sus funcionarios, en lugar de haber empezado una negociación con éstos y sus dos terceras partes de la Asamblea Legislativa.
