Por Carlos Chavarría.
El presidente López Obrador ha insistido en aplicar al problema de la violencia y criminalidad una formula estratégica alejada del estado penal punitivo y en cambio aplicar las tesis derivadas de un estado social.
Hasta el momento ha planteado cuatro vertientes, a saber: tratar el problema de las adicciones como uno de salud y educativo; varios programas de subsidios directos a segmentos en situación de pobreza como factor concomitante a la criminalidad; el fortalecimiento y depuración de las fuerzas federales a través de la Guardia Nacional; y finalmente, la posible legalización de las drogas.
La premisa básica del gobierno federal es que la pobreza es el factor que por mucho invita a unirse a las bandas delincuenciales a la población de más bajos ingresos. Si sólo esta fuera la única causa del problema, por supuesto que en algún plazo se reduciría la presión por delinquir, pero no es así.
Los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Martha Nateras y Daniel Zaragoza concluyeron, a partir de un muy interesante estudio, que la tasa delincuencial depende en un 21.42% de los casos de la situación de pobreza, mientras que un 20.6% está asociada a la corrupción gubernamental; el resto de los motivantes, un 58%, involucran factores como la educación, valores, estructura familiar, y distintos tipos de patologías.
Por otra parte, de otro artículo publicado en la revista criminalidad, los investigadores concluyeron que:
“A medida que aumentan las características psicopáticas se aprecia una asociación positiva con la participación en delitos violentos y/o de sangre. Se concluye que los ofensores sexuales y delincuentes comunes reincidentes presentan niveles mayores de psicopatía”, <Cabrera S., J., Gallardo V., R., González M., F. R. & Navarrete C., R. (2014). Psicopatía y delincuencia: comparaciones y diferencias entre ofensores sexuales y delincuentes comunes en una cárcel chilena. Revista Criminalidad, 56 (2): 229-245.>
Estas y otras investigaciones científicas establecen que existe una muy alta proporción de los delitos que tiene su raíz en psicopatologías sociopáticas que no deben su origen a la pobreza y en consecuencia no serán sensibles a las medidas anunciadas como estrategia.
La estrategia para abatir los índices de criminalidad que pretende aplicar el presidente López Obrador se sostiene en que, reduciendo ambos temas, pobreza y corrupción, en automático la incidencia delictiva se reducirá sensiblemente, lo que no coincide, ni con la experiencia ni con investigaciones serias en el tema.
Los sociópatas –recordar que en un 58% de los casos los criminales son sociópatas que no muestran empatía alguna por nada ni nadie– no respetan reglas ni se detienen ante opciones de negociación de cualquier tipo.
Famosos sociópatas han sido Hitler, Stalin, Manson, etc., tanto como el propio “Chapo” Guzmán, y por supuesto los sicarios que todos los días asesinan inocentes o no, que ellos asumen como sus enemigos. Tal ha sido el caso de la muy reciente masacre de 9 miembros de una familia en Chihuahua.
Las estadísticas del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad muestran que la inercia tendencial continúa siendo al alza y el tema ya está convirtiéndose en una debilidad y problema político con demasiadas aristas y ramificaciones domésticas e internacionales, lo que hace más compleja y urgente la toma de decisiones
La insistencia del Presidente de sostener una línea de pensamiento que no se soporta en realidades científicas o evidencias empíricas, raya en una oficiosidad culposa al pretender aplicar una solución de política a un fenómeno que demanda una contención inmediata so pena de acrecentar las pérdidas humanas en el proceso.
Bien sabemos que este problema se viene gestando desde los tiempos de otra fallida estrategia aplicada por el régimen hasta casi el final del Siglo XX, que consistió en el “control y negociación” con las organizaciones criminales desde la cúspide y hasta el nivel de barrio, que terminó en la monstruosa corrupción de gran parte del aparato que por diseño debe perseguir el delito.
Escribo estas líneas con el genuino interés de mostrar que existen otras direcciones plausibles para la acción y muchos más expertos que deben ser consultados por el gobierno federal para no cerrarse en la aplicación de sólo algunas medidas que no funcionarán en el corto plazo y que nos ponen en riesgo a todos de una descomposición social como la que vivió Colombia en la época de Pablo Escobar.
