En medio de la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y de presiones empresariales, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado frenó el dictamen de reformas que regulan la subcontratación, que dos horas antes había sido aprobado en comisiones por legisladores de la Cuarta Transformación.
Las comisiones unidas de Trabajo y Estudios Legislativos Segunda, presididas por Morena, habían aprobado por unanimidad y aplausos el dictamen a la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, también morenista, y señalaban que llegaba a su fin una veta de enriquecimiento perverso de unas cuantas familias y empresas.
Los senadores de Morena, PT y PES argumentaron a favor de un dictamen que dijeron tomó en cuenta el parlamento abierto que se efectuó del 23 al 25 de julio, en el cual se expresó el sector empresarial que ahora reaccionó en contra del proyecto.
El PVEM sumó su respaldo. A favor del dictamen señalaron que el outsourcing ha sido una forma perversa de defraudar a los trabajadores y a la Secretaría de Hacienda, al Infonavit y al IMSS.
Pese a ello, la Jucopo, presidida por el senador Ricardo Monreal (Morena), con la firma de todos sus integrantes, solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández posponer la reforma a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social.
La Jucopo señaló que el dictamen, impulsado por comisiones de Morena, requiere mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados, antes de ser discutida y avalada.
El sector privado alertó sobre un posible “madruguete” legislativo donde “se pretende de manera unilateral y sin diálogo previo” la aprobación de la iniciativa para modificar la regulación de la subcontratación, conocida como outsourcing.
En comunicados por separado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) rechazaron la iniciativa que pretende modificar la regulación de la subcontratación que actualmente contiene la Ley Federal del Trabajo.
El CCE que encabeza Carlos Salazar Lomelín explicó que “se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísimas para la economía de México y de todos los mexicanos”.
Además, dijo, “genera un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional”.
El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, consideró que no hubo una consulta previa, no se incluyó a las partes involucradas, a fin de tener una ley acorde a las necesidades reales del país.
Por tanto, “de aprobarse esta reforma en los términos en los que está planteada se causarían severos daños a la economía del país, pues estarían en riesgo miles de empleos y se desalentaría la inversión”.
