Para evitar que siga el “ecocidio” en la zona de La Huasteca, activistas sociales, líderes de opinión y actores políticos, convocaron a una marcha para defender esta área.
En rueda de prensa demandaron de los diferentes niveles de autoridad, acción para frenar la depredación del Cañón de Ballesteros, mejor conocido como Valle de Reyes, donde se construye un fraccionamiento.
La cita es el 19 de enero a las 11:00 horas al interior del parque ecológico, donde se pidió a los asistentes vestir con ropa clara.
A la rueda de prensa acudieron los senadores Samuel García y Víctor Fuentes Solís, así como Indira Kempis; también estuvieron diputados locales como Mariela Saldívar, Luis Armando Torres y representantes de organizaciones civiles; Gilberto Marcos de Vértebra y Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder.
«En la actualidad hemos decidido incentivar un movimiento ciudadano y pacífico, bajo la premisa de la defensa de nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, con el objetivo de poner un alto a las amenazas que enfrentan las áreas naturales protegidas de Nuevo León, garantizar nuestra seguridad hídrica, mejorar la calidad del aire que todos respiramos y exigir a las autoridades pertinentes actuar conforme a derecho», manifestó por su parte Mauricio de la Maza, director de Pronatura.
«Ahorita no sabemos quién es el responsable pero es tarea de la autoridad Federal saber quién lo está haciendo. La legislación existe pero las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad, ahorita y pocos guardabosques y el problema con Andrés Manuel y su 4t es que son ahorros malentendidos siempre se le ha quitado mucho presupuesto y se le sigue quitando a la conservación y es un ahorro malentendido porque lo único que esto genera más pobreza», señaló Cosijoppi Montero, quien lidera Reforestación Extrema.
Para Samuel García, es apremiante proteger las áreas naturales, desde la Constitución.
“Es momento de proponer soluciones porque el tema ya tiene más de 20 años. A mí me toco estudiar el caso cuando fui diputado local y gran parte de estos problemas vienen porque en su momento la ley de desarrollo urbano no tiene vigencia en permisos”, expresó García.
Añadió que aunque en el año dos mil existió un intento de área protegida, muchos de los desarrolladores se ampararon por retroactividad, lo que ha provocado que estén ganando juicios. Siendo estos ya cosa juzgada.
“Sumado a que la autoridad local no ha hecho lo propio, siguen desmontando, siguen inobservando las clausuras y aunado que las autoridades federales no están volteando a Nuevo León, hoy nos tienen en un gran problema”, indicó.
