José Ángel “N”, abuelo del niño que disparó y mató a su maestra en el colegio Cervantes de Torreón, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso en su carácter de comisión por omisión.


En audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal de Torreón, la cual duró más de tres horas, una juez de control decidió que existían los datos que presumen la comisión por omisión por parte del abuelo paterno del menor, pues vivía con él y las armas con las que disparó el pasado 10 de enero, le pertenecían.


Eduardo Nakasima, encargado de la dirección de procesos de la fiscalía de Coahuila en la región Laguna, mencionó que el debate de la audiencia versó especialmente en tema de la omisión y la calidad de garante del niño. En la audiencia no estuvo presente familia del acusado y únicamente estuvo el abogado defensor y el agente del ministerio público.


El acusado se reservó el derecho a declarar. Según el fiscal Gerardo Márquez Guevara, solo hubo argumentos vertidos por la defensa, tendientes a tratar de desvirtuar la acusación.


Márquez Guevara respaldó que, hasta el momento, se ha comprobado que el abuelo faltó a su deber jurídico de cuidado en su calidad de garante de las armas y la propiedad donde cohabitaba con el menor.


“Lo que le imputamos es que tenía conocimiento de las armas, no tomó las precauciones para la guardia de las mismas y sabía que el menor tenía una afición por las armas y que conocía las de él“, expuso el fiscal.


Comentó que los datos de prueba provienen de una serie de entrevistas del entorno familiar y escolar del menor, de datos extraídos del celular del abuelo y de inspecciones ministeriales y del propio cateo que se practicó en el domicilio, donde encontraron diversos artículos con armas de plástico, juguetes bélicos, armas de aire comprimido y videojuegos también de carácter bélico.


Márquez Guevara recordó que las armas, calibre .25 y .40, no estaban registradas y que la de grueso calibre en México no es para uso de particulares.


Además, informó que se sigue investigando el entorno del menor; hasta el momento el padre no ha sido localizado, mientras que la abuela no es investigada por parte de la fiscalía.


Asimismo, aseguró que sigue abierta la investigación y aclaró que la fiscalía no cuenta con videos de las cámaras de vigilancia del colegio, particularmente del área donde sucedieron los hechos. También precisó que ninguno de los heridos o sus familias han presentado alguna denuncia, sin embargo, acotó que se siguen de oficio.


A partir de ahora se tendrá un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaría, el cual puede ser extendido. En ese plazo tanto la fiscalía como la defensa recabarán datos de prueba para respaldar sus pruebas o fortalecer las actuales.


José Manuel Mireles, abogado del acusado, mencionó que analizarán si apelan o impugnan la resolución de la autoridad judicial.


De encontrarse culpable, el imputado podría purgar una pena de 18 a 35 años de prisión. 

La juez mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, por lo que el acusado continuará interno en el Cereso de Torreón.

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