Debido a que las autoridades prevén que las amenazas a las escuelas no van a cesar, la bancada del PRI propuso este miércoles que el operativo mochila sea una obligación legal en las escuelas públicas y privadas.
El Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa propuso dijo que con esto se estarían evitando hechos violentos como los que se registraron en los planteles educativos de Monterrey y Torreón.
La intención es establecer que en el Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar deberán establecerse los lineamientos para que, a través de las brigadas escolares, se realice la inspección periódica de las bolsas, morrales, mochilas o cualquier objeto que utilicen los estudiantes para resguardar y trasladar sus artículos escolares.
“En esta iniciativa propongo elevarlo a rango de Ley para que con ello se garantice que la inspección de mochilas se lleve a cabo en todos los planteles de una manera homologada y con pleno respeto a los derechos humanos de los menores”.
“Esto se puede lograr en razón de que el Consejo Estatal para la Prevención, Tratamiento y Erradicación del Acoso y Violencia Escolar, tiene la obligación de emitir antes del inicio del ciclo escolar un Plan General de Prevención, el cual debe de observarse en todos los planteles educativos del Estado”.
“La propuesta en concreto es establecer que se establezcan los lineamientos para que, a través de las brigadas escolares, otra figura ya existente en la Ley y que cada plantel debe de contar con una, se realice la inspección periódica de las bolsas, morrales, mochilas o cualquier objeto que utilicen los estudiantes para resguardar y trasladar sus artículos escolares, los cuales se realizarán con un enfoque de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes, privilegiando el interés superior de la niñez”, señaló.
La reforma propuesta por el Diputado local del PRI implica adicionar una fracción al artículo 17 de esa Ley.
Ibarra manifestó que en la iniciativa presentada también se establecen los lineamientos, un programa de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos y el interés superior de la niñez.
“Se agrega otro artículo transitorio en el que se especifica la obligación del Consejo, de enviar aquí al Congreso cada año, un mes después de haber terminado el ciclo escolar, un análisis y diagnóstico sobre los resultados de la medida, con el fin de que la legislatura en turno evalué la permanencia de dicha disposición”, propuso el Diputado Ibarra.
Esta iniciativa se suma a la que el 28 de enero presentaron los Alcaldes de Guadalupe y San Nicolás en la que se plantean reformas a la fracción 6 del artículo 20 Bis de la Ley de Educación para que se establezca la facultad de las autoridades escolares para la revisión de las mochilas de los alumnos.
SANCIONES
Luego de una nueva amenaza de agresión en planteles escolares, Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad en el Estado, adelantó que buscarán establecer sanciones en este tipo de “bromas”.
En entrevista, al término de la reunión semanal con alcaldes, el funcionario estatal refirió que en muchos casos se trata de menores de edad, por lo que se sancionaría a los padres de familia.
Respecto al caso de la UDEM, registrado este miércoles, descartó precisar si el alumno que realizó el reporte falso era mayor o menor de edad.
“Es importante buscar sanciones, no todos los menores son sujetos a sanciones, eso lo establece la ley, pero no nos podemos quedar así. A quienes sean sujetos tiene que llevárseles un proceso, y en el caso de los papás, pues hay acciones civiles”.
«Si son menores que no están en el rango que establece la ley, los padres son responsables, directamente».
“(Se debería sancionar) a los padres cuando se da ese rango o al menor si está en los años que establece la ley, para que pueda ser sancionado por este tipo de conductas”, resaltó.
Indicó que el número de amenazas se ha incrementado a raíz del ataque en una secundaria en Torreón, Coahuila, a tal grado que al día se reciben por lo menos dos llamadas de esta naturaleza.
En cada uno de los episodios, elementos municipales y de Fuerza Civil acuden al plantel en cuestión para descartar cualquier situación de riesgo.
Sin embargo, ante el temor de los estudiantes, se registra un ausentismo de alrededor del 30 por ciento.
«Al activarse el protocolo se emite una alerta, los municipios actúan, empieza a moverse la información por redes sociales y hay ausentismo, hemos llegado a tener hasta 30 por ciento de ausentismo por una broma».
«Tenemos que ver la forma de ver cómo parar esto».
Respecto a las Universidades, Fasci Zuazua mencionó que hay algunas que no permiten el acceso de las autoridades, por lo que es necesario homologar los protocolos de respuesta ante este tipo de amenazas.
COINCIDEN
Coinciden alcaldes en que debe haber castigos para falsas alarmas
Tras concluir la reunión de seguridad, los alcaldes panistas Héctor Castillo Olivares y Zeferino Salgado Almaguer coincidieron en que debe haber castigos para quienes alerten de manera falsa de ataques en planteles educativos.
El alcalde de San Nicolás manifestó que lo que pasa con los hijos es responsabilidad de los padres, por lo que deben de resolver el problema que tengan, tras el descuido en que los dejaron.
“Una de las cosas que nos preocupa mucho, es lo que está pasando en las escuelas, al final de cuentas es lo que está pasando en casa, el descuido de los niños y los jovencitos y lo que están haciendo ellos, desviando policías y ministeriales, demás para poder ir a un operativo que resulta que era una broma y al final no hay sanciones”, dijo.
“La intención es ver que vamos a hacer, para que esto no suceda y si sucede que el niño sea sancionado y los papas también”, agregó.
Mientras que el alcalde de Santa Catarina consideró que deben tener sanciones, porque movilizan a los cuerpos de emergencia, de manera cada vez más constante.
“Estamos viendo, como van a tener sanción, esas alertas, porque movilizan cuerpos policiacos, resulta que hoy en día, afortunadamente, pero también desafortunadamente que ha sido una broma o una travesura por decirlo así, pero moviliza situaciones de emergencia”, comentó.
“Se está analizando el tipo de sanción que debe tener, este tipo de sanciones y reinserción, por parte de la fiscalía, que sanciones debe tener en su caso el tutor o el padre, por estas situaciones que cada vez son más constantes”, señaló.
Asimismo, coincidieron que es muy bueno que se regrese al formato de las reuniones semanales, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno acuerdan acciones a emprender.
