A pesar de los números que se manejan en el tema de outsourcing, no existe un dato preciso de cuántas empresas de subcontratación trabajan de manera legal, aseguró Pablo Lezama, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).
En entrevista con Notimex, el directivo explicó que en la Ley Federal del Trabajo está prevista esta actividad, es decir, es una práctica regulada.
Dijo que las outsourcing legales tienen muchas implicaciones, tales como que paguen impuestos, respeten los derechos de los trabajadores y que las contribuciones sociales se hagan conforme a lo que marca la ley.
Dejó en claro que cuando las empresas usan una outsourcing que hace las cosas bien no hay ningún problema, y por el contrario son un auxiliar para que las compañías tengan trabajadores más capacitados, ayudan a contratar a personas con mayor velocidad y fomentan la competitividad.
Y del otro lado están las outsourcing ilegales, las que se caracterizan por generar «ahorros» a las empresas a través de los pagos de las cuotas de Seguridad Social de los trabajadores y del pago de impuestos.
«Ésto es una manera de generar ahorros a costa del erario, a costa de los derechos de los trabajadores, y eso sí es un delito. Es un delito y es una evasión fiscal que genera muchos problemas que no le convienen a nadie».
Detalló que las empresas que subcontratan a personas y les dicen que ganan un salario, pero éste no es el que tienen registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), les puede provocar problemas al momento de solicitar una pensión o el pago de una incapacidad o un crédito de vivienda.
De acuerdo con el director general de la AMECH, a esta asociación están integradas 27 empresas de outsourcing que sí cumplen con lo que marca la ley y dan empleo a 177 mil personas.
Comentó que las empresas que conforman la AMECH son evaluadas por el despacho internacional Pricewaterhousecoopers (PwC), que se encarga de ver que lleven bien sus procesos, no subregistren a los trabajadores en el IMSS e Infonavit.
Mencionó que estas empresas aportan cerca de 0.8 por ciento de lo que recauda el IMSS de cuotas obrero-patronal; y recordó que de acuerdo con cifras de 2018, la recaudación -en ese tiempo por 22 compañías que conformaban la asociación- fue por tres mil 84 millones de pesos para el Infonavit.
Refirió que en 2019 se integraron cinco empresas más, pero aún no tienen las cifras de las aportaciones al Instituto, las cuales las están revisando.
Según los censos económicos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay alredor de cinco millones de personas que trabajan bajo este esquema, tanto legales como ilegales.
Lezama dijo al respecto que mientras el INEGI no termine de desagregar los datos de los cinco millones de personas que laboran en alguna empresa a través de los outsourcing, no «se podrá tener un diagnóstico más claro de lo que está pasando en el outsourcing en México».
El director general de la AMECH cuestionó el por qué la autoridad ha permitido que operen muchas de estas empresas en la ilegalidad, sobre todo cuando en la ley existen las sanciones penales e infracciones.
Esto significa que no es necesario legislar en torno a este esquema de subcontratación, sino que se aplique la ley, argumentó el directivo.
