Por Carlos Chavarría
Parece que a todos los políticos que actualmente están en el poder, gobernadores, diputados, alcaldes, etc., les pasó de noche la última gran reforma fiscal que se ha hecho en México, que estuvo a cargo de la administración del Lic. José López Portillo.
En aquellos años también se dio una gran controversia entre el sector privado y el estado en su conjunto cuando se implantó el IVA en sustitución del ISIM que había sido creado por Maximiliano. También se eliminó el viejo régimen de cédula cuarta por un modelo mas coherente de calculo y recaudación de los impuestos aplicables al actividad económica.
En ese tiempo se firmó el acuerdo de coordinación fiscal en el que se fijaron las bases y procesos para la captura y reparto de los ingresos fiscales entre el gobierno central y el resto de la república.
Debido a la expansión súbita del ingreso petrolero el gobierno federal cedió a muchas de las presiones de los agentes económicos y al final los ingresos fiscales no asociados al petróleo del gobierno federal solo aumentaron de 10.6% al 13.2% del PIB, proporción que más o menos se ha mantenido hasta nuestros días, mientras que la recaudación promedio de los países miembros de la OECD es del 28%, según datos de esa misma organización.
Entre los regímenes fiscales especiales, el 66% de la economía informal, la maromera judicialización fiscal y la corrupción en la recaudación, los ingresos fiscales son insuficientes para el desarrollo del país.
En México pagan impuestos nada mas los causantes cautivos y aquellas empresas que no pueden acceder a la “ingeniería fiscal creativa “, por cierto, de la mano de otros contribuyentes que por curiosidad estan siempre del lado de los que mas exigen trato parejo.
A los gobernadores de ahora se les olvida que cuando la operación fiscal era al revés y se recaudaba en los estados, enviando a la federación los sobrantes calculados de al anterior acuerdo de coordinación, tampoco el dinero les alcanzaba y fueron los gobernadores de aquel tiempo los que pidieron una formula que no dependiese de la merced presidencial.
El problema ha sido estudiado muy a fondo y son dos sus elementos cruciales, la corrupción y la ubicación deficiente de los recursos publicos. Respecto de la corrupción no se evitara en tanto las malas prácticas y procesos deficientes dentro del gobierno y su relación con la sociedad persistan por mas que se hable de luchar contra este fenómeno.
Un deficiente proceso en la toma de decisiones de los tres niveles de gobierno, que privilegia lo electoral sobre lo racional en la determinación del destino de los recursos públicos tanto en gasto corriente como de inversión mantiene a las tesorerías públicas sumidas en deudas impagables ante la ausencia de mecanismos que moneticen los beneficios conferidos por el gasto público y empujaran el repago financiero hacia als arcas públicas.
Así las cosas, ni las empresas desaparecerán, como tampoco el gobierno puede ir mas allá de la capacidad de sus tesorerías y de su palanca financiera, a menos que deseemos regresar a los niveles de déficit que tanto daño causan en el mediano y largo plazo.
Tampoco presionemos al gobierno para subsidiar lo que no puede ni tiene con qué, pues estaríamos alimentando un respuesta política colectivista como lo hizo Echeverría antes circunstancias económicas equivalentes, que concluyó con un sector cooperativista y paraestatal que no resultó ser sino una cueva de ladrones que mucho nos costo de atraso en el desarrollo del país.
