Evitar reasignaciones discrecionales del gasto, garantizar que el presidente pueda actuar oportunamente ante la emergencia económica y salvaguardar la división de los poderes de la Unión, fueron las bases para la discusión de la iniciativa del Ejecutivo federal, abordada en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, se pronunció porque el análisis de la iniciativa presidencial se aborde bajo el principio básico de la división de poderes y, al mismo, tiempo el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de responder ante cualquier situación de emergencia. «Sin que esto implique socavar el principio básico de la división de poderes y los principios fundamentales de la democracia», destacó.
En este sentido, llamó a todas las fuerzas políticas a dictaminar con base en las necesidades del país con motivo de la pandemia por el COVID-19. «Yo espero y confío en que todos los grupos parlamentarios, los diputados, podamos decidir sobre este tema de cara a la nación, más allá de partidos, de colores, salvaguardando lo que ya está en la Constitución y los principios básicos de cualquier régimen democrático», resaltó.
Durante su participación, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, llamó a reasignar los recursos con responsabilidad, con apego a la emergencia económica, respeto a la división de poderes y garantizando la facultad de fiscalización.
Exhortó a elaborar una iniciativa de la que el Legislativo se pueda sentir orgulloso, que permita la actuación oportuna del gobierno, así como que se deje preparado al país para crisis posteriores.»Deberíamos verla (la iniciativa) como una oportunidad para ofrecerle al país un nuevo marco jurídico que nos diga qué hacer con el presupuesto cuando tenemos una crisis de este tamaño».
En su intervención, el PRD y Movimiento Ciudadano reiteraron el rechazo de sus bancadas a la iniciativa presidencial para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al considerar que pretende legalizar arbitrariedades del Ejecutivo federal en el ejercicio del gasto público.
Al participar en el Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la perredista Verónica Juárez advirtió que, de concretarse la reforma, el actual presidente de la República podría manejar a su antojo hasta 620 mil millones de pesos sin autorización previa.
Por ello, propuso la creación de un Consejo Económico en el que participen las dos cámaras del Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México e instituciones.
En tanto, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la iniciativa lleva a la concentración del poder en una sola persona, por lo que estimó que con ello se pretende restarle a la Cámara de Diputados la facultad de asignar, aprobar y vigilar el presupuesto de la Federación.
El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, propuso apoyarse de la Auditoria Superior de la Federación, a fin de que las modificaciones a la ley permitan enfrentar una crisis que a su juicio será más grave que las de 1994 y 1998, así como que al fin la Cámara de Diputados pueda allegarse de facultades de fiscalización.
