De manera mayoritaria, el Congreso del Estado aprobó reformas el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para que se sancionen como abuso de funciones, acciones realizadas por un servidor público que impliquen violencia política de género.
Claudia Tapia, diputada de la bancada Independiente Progresista, fue quien impulsó la modificación a la normativa en la que propone como sanciones, la suspensión en el cargo hasta la inhabilitación definitiva para quienes incurran en esas prácticas en contra de la población femenina.
Tapia explicó «con esta reforma estamos homologando la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado con la federal, por lo que se estaría sancionado con falta administrativa grave por abuso de funciones, al servidor público, que realice por sí o a través de un tercero violencia política contra las mujeres».
«En consecuencia, a quien cometa esta falta administrativa se le impondrán sanciones que pueden ir desde la suspensión del empleo, cargo o comisión, hasta la inhabilitación definitiva para desempeñar funciones en el servicio público», dijo.
«Con la aprobación de esta reforma, sin duda, avanzamos para tener un marco jurídico suficiente, el cual garantice una vida libre de violencia a todas las mujeres que desempeñan funciones en los diferentes organismos del Estado, así como a todas aquellas que pretenden incursionar a participar activamente en la política», agregó.
A favor del dictamen hablaron Félix Rocha, del PAN y presidente de la Comisión de Legislación y Karina Barrón, de Movimiento Ciudadano, para destacar los avances que se lograron en este sentido.
Cabe señalar que las modificaciones a la normativa, corresponden a una homologación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aprobada a nivel nacional.
