Por Carlos Chavarría
En recientes días pasados se presento en la Ciudad de México una iniciativa para modificar el código civil cuyo propósito, en voz de sus promotores, es acabar con el abuso en los arrendamientos de vivienda que carecen de contrato (¿?), que a saber, provocan desalojos injustificados y excesos en los precios de arrendamientos.
El asunto no es nuevo, ni en México, ni en varios países como Alemania, Inglaterra, Francia o España, este último por cierto es el paraíso de los Okupas, donde se ha convertido en una verdadera mafia, dedicada a detectar viviendas que no están en uso y “vender” el derecho a ocuparlas ilegalmente amparados en el tortuoso proceso judicial que implica para los legítimos propietarios el recuperar su propiedad.
En casi todos los países, el acceso a una vivienda digna (¿?) es un derecho constitucional desde los 60´s del siglo pasado, y en consecuencia se crearon distintos organismos para atender ese derecho de manera legal.
La enorme migración del campo hacia las grandes aglomeraciones urbanas supera la capacidad de los gobiernos para proveer de vivienda a todo aquel que la demanda y por eso existe todo un andamiaje jurídico y económico, muy dinámico por cierto, para que la inversión de particulares complemente la gran demanda por espacios habitacionales urbanos en su modalidad de arrendamientos.
En el caso de México, durante el sexenio de Luis Echeverría, cuando fueron creados el INFONAVIT y otros organismos para el fin de la vivienda; se crearon fuertes incentivos para posesionarse de terrenos y habitaciones “abandonadas” o de propiedad del Estado y el problema estalló para los gobiernos estatales y cada uno lo intento resolver a su manera, en Nuevo León se creo FOMERREY y otros organismos más.
La crisis económica de 2008 que golpeó con severidad a los países con deudas nacionales muy abultadas impulsó la ocupación ilegal de viviendas. En el caso de España el problema de los Okupas, aunque el delito de despojo de inmueble se había creado desde 1996, los jueces han adoptado la táctica del desgaste para incentivar “arreglos” entre invasores y propietarios, pero la consecuencia real ha sido que la “okupacion” de viviendas se ha convertido en un negocio al margen de la ley, algo así como la ONAPAFA en nuestro país.
La economía no engaña. Si se crea en las leyes de la materia alguna rendija para tolerar excepciones en materia de despojo de inmuebles, se estaría recreando el asunto de las “rentas congeladas” en el Distrito Federal de los años 30´s que lo único que consiguió fue formar islas de abandono social en la ciudad.
