Por Carlos Chavarría
La gobernanza de México está basada en un órgano central con todo el poder en la figura de la presidencia. Otros dos poderes que dependen económicamente del Ejecutivo y con un partido hegemónico “flexible” en ideología y, donde en consecuencia, caben todas las corrientes, se constituyo para pacificar al país después de la caída de Díaz y la muerte de Madero.
Nos guste o no esa fue la solución que ideó Calles para detener la violencia ocasionada por la ambición de los muchos generales, caciques, y demás espontáneos de insignias colgadas y espada virgen que se sentían con el derecho de hacerse con el poder para “carrancear”.
Ese modelo creo ínsulas de poder para cada facción en pugna y por lo mismo les asignaba recursos valiosos de todo tipo con el derecho no escrito de disponer de ellos a su antojo. Toda la red de procesos del gobierno, incluidas las leyes y reglamentos, se diseñaron pensando en eso y no en instaurar un régimen para el progreso y la ética. “La moral es un árbol que da moras”, decía Gonzalo N. Santos.
Las leyes son para sacar recursos de donde sea y en eso son muy claras y categóricas, pero en la aplicación de los recursos son vagas y llenas de agujeros y rendijas para que sea hasta difícil definir y probar lo que es un delito de cuello blanco.
Con el curso de los años se fue haciendo cada vez más evidente para el mundo entero que la corrupción desde los gobiernos es un fenómeno que debe atajarse y México fue puntual y cumplidor de todas las convenciones internacionales sobre el tema, al menos en el papel y en la intención.
Se tipificaron delitos especiales cometidos desde el poder, órganos especiales para perseguir esos delitos y la lucha contra la corrupción se puso de moda en el vocabulario de la sociedad y de los políticos. Incluso en la campaña de Miguel de la Madrid el lema central fue “Por la Renovación Moral de la Sociedad”.
No obstante, la sociedad también puso de moda el lema “que todo cambie, para que siga igual”, sabedores de que en el fondo no se haría nada en cuanto a la eliminación de las malas prácticas en los tres niveles de gobierno.
Ahora estamos viviendo de nueva cuenta un caso más del que se empezó a hablar desde que surgió en Brasil el escándalo de la empresa ODEBRECHT, investigación iniciada por el Departamento de Justicia de los EEUU en 2010 pero que involucra sobornos de esa empresa para gobiernos de 12 países desde 1987, incluido México.
Los crímenes de “cuello blanco” son algo muy bien organizado, tanto en el sector público como en el privado, y de ahí la dificultad para reunir las evidencias para poder concluir en una condena y la recuperación de lo desviado. Por otro lado también es bien sabido que se han usado los procesos judiciales como venganza política y eso distorsiona más la verdad y profundidad del problema.
El proceso contra Lozoya será sin lugar a dudas como el maxiproceso contra la mafia siciliana en los 80´s. Con el muy abultado expediente de Odebrecht saldran a relucir todo tipo de personas y sus intereses que enturbiarán más el ya de por su caldeado ambiente político, porque una vez iniciado no se puede detener.
Habrá personajes embarrados de todos los colores y sectores económicos, incluido por supuesto el partido en el poder. Ojalá la tan necesaria purga no debilite tanto al paciente que lo mate, porque los procesos del gobierno, por desgracia, requieren de la corrupción como el aceite para lubricar todos los engranes, que por lo pronto no tienen intenciones de rediseñarlos.
