La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá pagar 5 mil 13 millones de pesos a un consorcio de empresas por la cancelación de la central Chicoasén II en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a conflictos sindicales.
Esto luego de que un juzgado civil desechara la solicitud de la empresa estatal que pedía la asunción de una medida cautelar para evitar que el consorcio integrado por Caabsa, Omega y Dycusa, así como Sinohydro acudiera ante un tribunal nacional con una resolución internacional a su favor para que se cumpliera el pago de la deuda, recupera el diario Reforma.
El consorcio empresarial acabó demandando a la CFE ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres en Reino Unido, misma que emitió la resolución judicial a principios del mes de julio con la obligación para la empresa estatal por el pago de la reparación de daños por pérdidas ocasionadas a particulares.
En 2015 las empresas ganaron la licitación para la construcción de la central eléctrica a la cual invertirían 8 mil 609 millones de pesos, sin embargo, los paros indefinidos, el cierre de obras y un sobrecosto de mil 559 millones de pesos llevó a su cancelación en 2017 cuando se tenía un avance de 17 por ciento.
Aunque la CFE aún podría interponer un recurso con base en vicios de origen, un mal diseño de la cláusula o una resolución judicial que afecta a los intereses del Estado mexicano.
De acuerdo con Santiago Arroyo, abogado especialista en el sector que cita el medio El CEO, la Comisión se había comprometido con el consorcio empresarial a “allanar” el camino en lo que correspondía a quejas de comunidades indígenas y problemas con líderes sindicales por la construcción de la central.
Sin embargo, no cumplió con esa parte y se provocó un paro de labores porque no se pudo acceder al territorio de la construcción que creó el bono de incumplimiento de contrato, pese a que la CFE la considera una obra estratégica para cual se asignaron 10 mil millones de pesos en el presupuesto de Egresos de la Federación en 2019.
