A fin de incluir el delito de extorsión en el Código Penal del Estado y que sea sancionado con penas de 5 hasta 40 años de prisión y multa de 100 a 800 UMAS, equivalentes de 12 mil 322 a 98 mil 576 pesos, el Grupo Legislativo del PRI presentará una iniciativa de reforma.
Jorge de León Fernández, diputado local del PRI argumentó que esta modificación a la ley es debido a que en el primer semestre del año se cuantificaron en Nuevo León más de 3 mil 774 reportes de extorsión
El legislador tricolor señaló que Nuevo León es el único estado de la República que no cuenta dentro de su norma penal, con el delito de extorsión, por lo que la reforma propuesta sancionaría con mayor rigor el engaño, amenaza telefónica y el llamado «cobro de piso».
«La norma penal advierte el delito de chantaje, el cual se confunde con la extorsión, puesto que el primero sólo se refiere al lucro o provecho que afecten al amenazado o persona física o moral con quien se tuviera ligas de cualquier orden, lo que deja fuera a todas aquellas modalidades donde no existiera ningún vínculo con el delincuente», dijo.
«Actualmente se encuadra el delito de extorsión con el de chantaje, pero deja fuera las modalidades más recurrentes de amenazas o intimidación y evita que Nuevo León pueda contar y compartir estadísticas que permitan diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de prevención y reducción de la violencia y la delincuencia, fortalecer el sistema de procuración e impartición de justicia y asignar recursos federales y estatales a la seguridad pública local, entre muchos otros ámbitos», añadió.
El diputado local del PRI comentó que de acuerdo a la información más reciente difundida por el Centro de Integración Ciudadana (CIC) en su plataforma «Libres de Extorsión«, durante el primer semestre del año se recibieron 3 mil 774 reportes, lo que convierte a Nuevo León líder en este tipo de delitos, por lo que resulta necesario tipificarlo en la norma penal.
«La reforma define a la extorsión al que sin derecho y mediante coacción, amenaza o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro», señaló.
«Si la amenaza o intimidación versa sobre privación de la libertad, daños físicos o cause daño a la integridad psicológica la pena a aplicar será de ocho a quince años de prisión, y de veinticinco a cuarenta años de prisión cuando en la comisión del delito se emplee violencia física, se cometa en contra de persona con discapacidad, menor, adulto mayor o mujer embarazada», agregó.
De León manifestó su confianza en que la propuesta sea bien recibida por el resto de los legisladores que integran la Legislatura.
