Seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron que el megaproyecto Tren Maya que impulsa el gobierno federal comete violaciones en contra de las poblaciones que residen en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
A través de un carta dirigida al gobierno de México, los relatores expresaron su preocupación por los impactos que generaría el proyecto en las comunidades indígenas, las cuales verían afectados sus derechos al territorio y la salud, además de por la información proporcionada en el estudio de impacto ambiental que conllevaría contaminación y daños a la biodiversidad y agua.
La ONU indica en la carta fechada el 21 de septiembre del 2020 además, que la consulta indígena misma que acompañó un observador de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se constataron algunas violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, recupera el diario Reforma.
En específico, los relatores destacan que la información recibida indica que el proceso sólo se impuso para legitimar el proyecto del Tren Mayadado que la decisión había sido previamente tomada sin el consentimiento de las comunidades indígenas, no fue culturalmente adecuado debido a la falta de tiempo y se asumió sin acuerdos previos.
Además en la consulta no se presentó información completa, adecuada e imparcial sobre el megaproyecto gubernamental o sus impactos potenciales dado que no se había realizado estudios de impacto ambiental ni social.
A la par, se recibieron denuncias por actos de hostigamiento en contra de personas que solicitaron mayor información o tiempo para expresar su decisión o inconformidad con el desarrollo del Tren Maya, además de la criminalización, difamación y descalificación en contra de personas defensoras de derechos humanos que interpusieron acciones legales.
Otra preocupación de los relatores de la ONU tiene que ver con la posible militarización de la región dado que algunos tramos del megaproyecto serán construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo cual pidieron al gobierno federal que brinde información sobre las medidas para desarrollar estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos.
