Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por las fallas en la investigación de la muerte de Digna Ochoa. Durante la segunda audiencia sobre el caso, que se realizó ayer 27 de abril, el Estado Mexicano también ofreció reabrir la investigación para llegar a la verdad y justicia.
En el análisis, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, reconoció la condición de víctima de Digna Ochoa. Con ello, se aceptó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a la honra y dignidad de la abogada, además de que reconoció que no hubo una investigación con perspectiva de género.
Al asumir su responsabilidad, el gobierno de México señaló que en breve se presentará un Convenio de Reparación Integral a la familia de Digna Ochoa.
«La aceptación de responsabilidad se reflejará con la consecución de un Convenio de Reparación Integral que será presentado a la representación de la familia de Digna Ochoa en días próximos, el cual contendrá doce líneas de acción de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.»
Secretaría de Gobernación
Aunado a lo anterior, se acordó la planificación de una ruta para reabrir la investigación que permita determinar las causas que llevaron a la muerte de la activista que ocurrió en 2001.
Al respecto, la Secretaría de Gobernación explicó que se realizarán diligencias con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales
Familia de Digna Ochoa participará en reapertura del caso
Se detalló que las indagatorias se ejecutarán con la participación de la familia de Digna Ochoa, así como la de su representación legal.
«El Gobierno de México reitera su compromiso con el Sistema Interamericano como herramienta complementaria para velar por el mejor interés de las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.»
Secretaría de Gobernación
Alejandro Celorio admitió que en la investigación original de la muerte de Digna Ochoa hubo violaciones al debido proceso legal. De acuerdo con el consultor jurídico de la SRE, la indagatoria no se hizo con perspectiva de género ni visión de derechos humanos, además de que se difundió una imagen negativa de la víctima.
Además, el funcionario reconoció que las fallas han generado sufrimiento en la familia de Ochoa y Plácido, pues el caso ha permanecido impune por casi 20 años.
Fotografía: Christian Palma/ Cuartoscuro
