Por Eloy Garza González.

La pandemia afectó el proceso electoral en múltiples aspectos, pero no en el gasto ni el financiamiento público: sigue siendo excesivo y dispendioso. El techo de gastos por candidato asciende en Nuevo León a 73 millones de pesos, una cifra que parecería exorbitante ante los ojos de cualquiera, de no ser porque en otras entidades federativas como el Estado de México el techo por aspirante es de 260 millones de pesos; cifras que dudo mucho se justifiquen sobre todo en estas épocas austeras, que deberían ser de modestia juarista.

Calculo que sólo para el día D, es decir, para este próximo 6 de junio, cada candidato tendría que gastar 260 millones de pesos en promoción y compra de voluntades, para movilizar votantes, inhibir el voto y hacer la operación en tierra con representantes de casilla.

En total, una campaña exitosa para gobernador tendría que gastar alrededor de 450 millones de pesos, bajita la mano y por debajo de la mesa, sin contar el gasto no reportado en redes sociales a través de bots y otras erogaciones en efectivo.

De ahí se entiende que este año partidos como Morena recibieran 4 mil 283 millones de pesos, el doble de lo que recibió el PRI, sólo como financiamiento federal, para gastos ordinarios y recursos de campaña. Hice el cálculo siguiente: para las campañas políticas el aparato público estará gastando 56 millones de pesos diarios. Una aberrante millonada en un país de pobres.

Finalmente, una reflexión derivada de los rumores (a mi juicio infundados) de que pudiera renunciar un candidato a gobernador por litigios penales. Déjenme hacer una digresión legal: el artículo 38 constitucional prescribe que los derechos políticos o “prerrogativas de los ciudadanos”, se pierden, entre otras causas, por estar sujetos a “un proceso criminal que merece una pena corporal, a contar desde la fecha del autor de formal prisión”. O por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.

Como no ha ocurrido este escenario con ningún candidato en Nuevo León y por lo visto ya no ocurrirá durante el tiempo que dure la campaña (en mayo), estas dos condiciones no podrían darse, así que tampoco se fundamenta que un candidato vaya a retirarse de la contienda por atender problemas penales en su contra.

Otro escenario que añado es que un candidato fondee su campaña con financiamiento privado ilegal. Este escenario es aún más complicado de detectar, fiscalizar y probar porque se maneja dinero en efectivo que no suele dejar rastro. Aunque, claro está, si se descubre, puede acarrear la configuración de delitos graves como peculado, lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal. Dichos delitos se disfrazan simulando operaciones con empresas fantasmas o fachadas, como yo lo he denunciado en mis artículos.

Por cada peso que gasta y declara un candidato a gobernador de Nuevo León ante el órgano electoral, hay 15 pesos más gastados en la más completa oscuridad. Juzguen mis lectores estas reflexiones mías y voten con responsabilidad este próximo 6 de junio.