Por José Jaime Ruiz

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@ruizjosejaime

La inducción al voto es una inmoralidad. Podremos discutir si puede o no puede castigarse, pero la defensa que han hecho de esta práctica indebida el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama no abona a la democracia, la resquebraja.

La inducción al voto es deleznable, porque compromete el sufragio libre y secreto. Sigue siendo un vicio del viejo sistema y esa manipulación no ha sido atajada del todo por las autoridades electorales. El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema con la tarjeta rosa que reparte en Nuevo León el candidato del PRI, Adrián de la Garza, y condenó el reparto.

Miembros del INE respondieron. Lorenzo Córdova recordó que en el año 2017 votó a favor de sancionar esa manipulación y, sin embargo, argumenta, la mayoría del Consejo General decidió no aplicar las multas.

“Frente a las falacias que se han dicho sobre la actitud de las autoridades electorales ante el uso de tarjetas de beneficios futuros como propaganda electoral, vale la pena recordar la historia, que reconstruimos en el libro La democracia no se construyó en un día”, trató de precisar el presidente del INE.

Murayama tuiteó: “Hoy el presidente acusó a consejeros de cambiar de criterio sobre la entrega de tarjetas. No es verdad. En 2017 buscamos sancionar esa práctica, pero el Tribunal revocó nuestra decisión. Y nos guste o no, hay que acatar resoluciones”.

Los argumentos de los consejeros del INE son inválidos. No hay ninguna falacia en esta discusión por parte de Palacio Nacional, por un lado; por el otro, Murayama no dice si le gusta o no la inducción al voto. En realidad sí le gusta. En 2017, cuando no estaba Andrés Manuel en la presidencia, la condenaban; ahora, en 2021, cambian de criterio y aceptan esta manipulación.

En otra declaración, el consejero asegura: “La mera entrega de cartoncillos o de plásticos si no tienen dinero, bienes o servicios detrás, no es ilegal, es una mera propaganda, que nos puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional lo permitió”.

En el fondo, los consejeros defienden la inducción al voto, esa inmoralidad que, al pretender hacerla legal, los deslegitima. Quienes debieran velar por la democracia, la violan.

En su colaboración de hoy en Reforma, Enrique Krauze dramatiza: “El Instituto Nacional Electoral es nuestra mayor conquista democrática. Defendámoslo, porque sin él volveremos a épocas en que las balas, y no los votos, decidían el destino de México”. El intelectual orgánico del conservadurismo defiende a quienes destruyen la democracia con la inducción al voto, para eso le pagan.

En el Capítulo II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se dispone lo siguiente en relación a los delitos electorales: “Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la Jornada Electoral o en los tres días previos a la misma.

¿Así o más claro?

Por lo demás, esto rebasa lo electoral y se convertirá en asunto penal. Sobre aviso no hay engaño:

“Acerca de las tarjetas, estamos obligados a denunciarlo porque consideramos que es un delito; pero esto lo va a resolver la autoridad correspondiente, la Fiscalía (General de la República)”, resaltó López Obrador.