Por la inclusión de un requisito más en la vacunación antiCovid, Morena denunció este jueves ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca y candidato a la relección, por uso electoral de las vacunas.
Benito Caballero, abanderado de la coalición «Juntos Haremos Historia en Nuevo León» por la alcaldía a este municipio, acompañado de la dirigente morenistq, Viridiana Hernández Rivera, indicó que su contrincante incluyó la entrega de citatorios a domicilio, y el no contar con este papel impide que la persona sea vacunada. Al momento, dijo, existen cientos de adultos mayores que no fueron inoculados por ello.
«Venimos a presentar una denuncia formal en contra de César Garza, que se desempeña como presidente municipal, pero también es candidato del PRI para la reelección. En forma reiterativa ha estado violentando la ley y ha roto un principio constitucional de equidad al hacer uso de los programas sociales para un beneficio personal y convertirlos en su bandera de campaña.»
Detalló que, a través de sus redes personales, el priista aseguró que iba a conseguir que Apodaca fuera vacunado, cuando es un programa nacional. Además de alterar el procedimiento al incluir un quinto requisito donde utiliza 500 trabajadores municipales para repartir citatorios, adicional a una fiesta en la jornada de inoculación.
«Él va, se pasea y se permea… Él dice ‘me quedo. No renuncio a la alcaldía porque quiero ayudarte, porque quiero garantizar que tengan la vacuna’. Con él y sin él, el gobierno federal está vacunando. Si César Garza no se hubiera metido en el proceso, hoy más apodaquenses estuvieran vacunados. Todo tiene un fin electoral.»
Recordó que el instituto Nacional Electoral estableció que ningún funcionario que se estuviera reeligiendo puede utilizar los recursos públicos para beneficio propio o acudir donde se esté prestando un servicio o se esté dando un programa social federal
La Ley de Delitos Electorales, resaltó, establece de 500 a mil días de multa y prisión de 4 a 9 años, además que la Constitución lo contempla como un delito grave e incluye prisión oficiosa.
Al respecto, Viridiana Hernández Rivera indicó que existen varios municipios que quieren «meter su cuchara», pero sólo éste interfiere directamente: «Le pedimos a la ciudadanía que no se deje engañar, les invitamos a denunciar también cualquier condicionante al voto, cualquier restricción que se haga. Algunos alcaldes se quieren pasar de listos, pero afortunadamente la gente es suficiente inteligente para saber que fueron gestionadas por el gobierno federal».
