Por José Jaime Ruiz
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@ruizjosejaime
Todavía no empieza la transición y ya se transita en conflictos. Hacia afuera, específicamente con Tamaulipas y los convenios federales con el trasvase del agua de Nuevo León. Hacia adentro, con la posibilidad de que el actual Congreso local concluya las cinco iniciativas de reforma a las leyes orgánicas de Servicios de Agua y Drenaje, Simeprode, Red Estatal de Autopistas, Instituto de Movilidad y Metrorrey para modificar el proceso de designación de los titulares.
Por si fuera poco, posponer las clases presenciales para que la problemática la asuma el gobernador electo Samuel García y no el gobernador constitucional, Jaime Rodríguez Calderón.
Evidentemente se trata de un agandalle de los panistas y priistas para mantener presupuestos y nóminas bajo control de las paraestatales, presupuestos millonarios, hay que decir. Esta es la primera maniobra que hacen los grupos del PRIAN para sobrevivir el siguiente sexenio y es un aviso de que no quieren negociar con el próximo gobierno estatal.
La última vez que se intentó una guerra del agua con Tamaulipas, las cosas salieron tan mal a la administración estatal que hasta el gobernador de entonces, Sócrates Rizzo, tuvo que dimitir. El mismo Bronco ha dicho que no tenemos una crisis del agua, aunque la tengamos.
La educación, por culpa de la pandemia, sigue sin clases presenciales y será hasta finales de agosto, dependiendo de un semáforo en verde, cuando se evalúe la conveniencia de implementarlas. Sí, ahora se abrirán escuelas en municipios rurales, pero sin niños y sin clases.
Perder la gubernatura y la ciudad de Monterrey ha sido el mayor golpe para el PRI y para el PAN: ahí residen el presupuesto y las nóminas, nóminas que sirven para negociar y cooptar, para mantener a los grupos de poder activos, sometiendo a los funcionarios y empleados al partido. Los grupos del PAN conservaron San Nicolás y Santa Catarina, lo cual no fue problemático, está en entredicho todavía el municipio de Guadalupe. El verdadero poder, sin embargo, está en el Congreso donde, desde ahora, no buscan cogobernar sino la lana.
Si se pierde en las urnas, se gana en los tribunales o en el Congreso. Al quitarle los nombramientos a Samuel García, con 22 legisladores el PRIAN va de gane. Se trata de un botín nada despreciable, casi 18 mil millones de pesos entre el conjunto de los organismos. Para brincar las próximas elecciones, los titulares durarían ocho años y hasta los podrían reelegir.
Samuel García llega en soledad a su próxima gubernatura –y habrá que esperar si no le fincan responsabilidades desde la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Su poder ejecutivo ya está siendo rebasado por el poder legislativo en manos del PRIAN. Si se aprueban las iniciativas en el Congreso, habrá un problema de gobernanza y de competencia política, ¿quién lo hace mejor? ¿Los organismos “manejados” por el Congreso o las dependencias del gobernador electo?
De prosperar el asunto, no se avizora un cogobierno, ni siquiera cohabitación, se trata de gobiernos paralelos. Un Nuevo León política y administrativamente fracturado que no previmos. A Samuel García ya lo pusieron, antes de tomar posesión, contra las cuerdas: o se ablanda o se endurece. El término medio parece no estar en el horizonte. El panorama político es muy problemático para Samuel. Sus adversarios lo están acorralando pero, se sabe, la política sirve para salirse de las trampas.
La “memecracia” aquí no sirve. La “realpolitik”, sí. ¿Avanzar o retroceder?, that is the question.
