Los delitos por lo que se le acusa a Emilio Lozoya fueron durante su periodo como director de Pemex.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció por sexta ocasión a Emilio Lozoya y a 11 personas más por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.
Entre las denuncias que la UIF presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, además incluyó a 33 empresas.
Los delitos por lo que se le acusa a Emilio Lozoya fueron durante su periodo como director de Pemex.
UIF identifica esquema de lavado de dinero en Pemex
En el análisis realizado, la UIF identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre 2012 y 2016.
En dicho periodo, Pemex otorgó contratos a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero.
Entre las empresas a través de las que supuestamente llevaron a cabo el desvío de recursos se encuentran:
- Odebrecht Ambiental México
- Eseasa Construcciones S.A.
- TTG Asociados S.C.
- Blunderbuss Company de México S.A.
- Adding Machine Company de México S.A.
- IECL de México S.A. de C.V.
- SWT México
Los contratos habrían sido integrados en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos de México y, presuntamente, para financiar campañas políticas.
En el primer grupo de operaciones, las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada.
La UIF destacó que dichas empresas guardan relación directa con Odebrecht por vínculos corporativos, financieros y comerciales.
Una de ellas, señaló la UIF, es una empresa de Odebrecht que recibió transferencias por más de 3 mil millones de pesos durante la administración de Emilio Lozoya sólo de 2014 al 2016.
Supuestamente, las transferencias fueron por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.
Sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, según la UIF, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones de lavado de dinero.
En el segundo grupo de operaciones, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de efectuar las transacciones y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos.
Posteriormente, los recursos eran enviados a “empresas fachada”, que se encargaron de desaparecer los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos.
Este esquema consistía en el retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo elecciones, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.
La Ciudad de México pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya, añadió la UIF.
